Gobernadores refuerzan su control político sobre el Poder Judicial
La independencia del Poder Judicial local en México se enfrenta a una amenaza silenciosa: gobernadores de Morena, PAN y PRI han encontrado la manera de consolidar su control sobre tribunales de justicia, nombrando a personas cercanas y reelectos en los principales cargos. Lo que se presentó como un mecanismo democrático con la elección popular de jueces y magistrados, terminó siendo aprovechado para perpetuar estructuras de poder que responden a intereses políticos y no a la ciudadanía.
Historias de poder tras los tribunales
La historia reciente de varios estados revela un patrón común. En la Ciudad de México, Rafael Guerra continúa al frente del Tribunal Superior de Justicia, un cargo que asumió al inicio de la gestión de Claudia Sheinbaum. Su permanencia refleja cómo los procesos de renovación judicial se convierten en espacios de continuidad controlada. En el Estado de México, la designación de Héctor Macedo, originario de Texcoco —como la gobernadora Delfina Gómez—, es vista como una confirmación de que los vínculos políticos pesan más que los votos ciudadanos.
Reelecciones y alianzas partidistas en los tribunales locales
En Baja California, Alejandro Isaac Fragozo fue ratificado como presidente del Tribunal de Justicia, tras haber ocupado el cargo con Jaime Bonilla y mantenerse con Marina del Pilar Ávila, ambos de Morena. En Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas también fue confirmado en su cargo, mientras que en Tabasco, Carlos Efraín Reséndez siguió el mismo camino. Estos casos no son excepciones, sino parte de una tendencia nacional en la que el Poder Judicial deja de ser un contrapeso y se convierte en extensión del Ejecutivo estatal.
PAN y PRI replican la estrategia
El fenómeno no se limita a Morena. En Aguascalientes, María José Ocampo Vázquez, hija de Josefina Vázquez Mota, fue nombrada al frente del Tribunal estatal con el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez del PAN. Esta designación muestra que, más allá de los colores partidistas, los gobernadores coinciden en blindar su influencia colocando a perfiles de confianza. El PRI, en sus bastiones, sigue una lógica similar, priorizando cercanías políticas sobre méritos judiciales.
Autonomía en riesgo: el costo de un poder cooptado
El ideal de un Poder Judicial autónomo se diluye cuando los gobernadores son quienes deciden quién encabeza los tribunales. La ciudadanía, que debería beneficiarse de jueces imparciales y magistrados independientes, enfrenta un sistema debilitado. Los tribunales, en lugar de garantizar justicia sin sesgos, quedan atrapados en dinámicas de lealtades políticas. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que genera un clima de incertidumbre sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Consecuencias para la democracia y el estado de derecho
El control político sobre el Poder Judicial local implica que los contrapesos democráticos pierden fuerza. Si los tribunales responden a quien gobierna, los ciudadanos carecen de garantías reales de justicia independiente. La concentración de poder refuerza las estructuras partidistas y limita la transparencia, generando un círculo vicioso en el que la justicia se administra en función de intereses particulares y no del bien común.
La urgencia de un cambio cultural y legal
Expertos en derecho advierten que, mientras no existan mecanismos que aseguren procesos de selección transparentes, las designaciones seguirán respondiendo a intereses políticos. La discusión no es solo legal, sino cultural: entender que la autonomía judicial es indispensable para fortalecer el estado de derecho. La ciudadanía también juega un papel clave, exigiendo que la justicia no sea un espacio más de negociación política.
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