La ya crónica inestabilidad política peruana vivió un nuevo capítulo de alta tensión el pasado 16 de mayo de 2025, con la dimisión del entonces Primer Ministro, Gustavo Adrianzén, lo que provocó la caída en pleno de todo el gabinete ministerial. Este evento sumerge aún más al gobierno de la presidenta Dina Boluarte en una crisis de gobernabilidad, acentuada por una rampante inseguridad ciudadana, persistentes denuncias de corrupción y un creciente descontento social que se manifiesta en las calles.
La Caída Anunciada: Renuncia Premier y Gabinete en Pleno
La renuncia de Gustavo Adrianzén se produjo apenas un día antes de que el Congreso de la República debatiera una moción de censura en su contra, un voto que se anticipaba adverso para el premier. La presión parlamentaria, sumada a una gestión marcada por fuertes cuestionamientos, hizo insostenible su permanencia en el cargo. Con su salida, y conforme a la ley peruana, todos los ministros se vieron obligados a presentar su dimisión.
Adrianzén había estado en el ojo del huracán debido a la severa crisis de inseguridad que azota al país, con un incremento alarmante de la delincuencia común y organizada, y una percepción generalizada de incapacidad gubernamental para hacerle frente.
El Detonante: Masacre Minera y Maniobras Fallidas
Si bien la gestión de Adrianzén acumulaba críticas, el detonante final de su caída fue el brutal asesinato de trece trabajadores en una mina, presuntamente a manos de mafias vinculadas a la minería ilegal. Este hecho conmocionó al país y expuso, una vez más, la falta de control estatal en vastas zonas del territorio. La situación se agravó cuando se conoció que Adrianzén había negado públicamente el secuestro de estos trabajadores días antes de que sus cuerpos fueran hallados, lo que minó aún más su credibilidad.
En un intento desesperado por evitar la censura y mantenerse en el poder, se realizaron cambios ministeriales de última hora en las carteras de Interior, Economía y Transportes. Sin embargo, esta maniobra fue vista por las bancadas parlamentarias como insuficiente y una mera estrategia dilatoria, por lo que mantuvieron su intención de votar por la salida de Adrianzén.
Nuevo Gabinete, Viejas Caras: ¿Más de lo Mismo?
Tras la debacle, la presidenta Dina Boluarte procedió a nombrar a su cuarto gabinete ministerial en poco más de dos años de gestión. Como nuevo Primer Ministro fue designado Eduardo Arana, quien se desempeñaba como Ministro de Justicia y es considerado una figura muy cercana a Boluarte.
La designación de Arana y la composición del nuevo equipo ministerial no estuvieron exentas de polémica. La mayoría de los ministros que habían renunciado junto a Adrianzén, muchos de ellos con serios cuestionamientos a sus gestiones, fueron ratificados en sus cargos. Esta decisión fue interpretada por diversos sectores como una señal de «cambiar para que nada cambie» y una falta de voluntad para realizar una verdadera renovación que atienda las demandas ciudadanas y parlamentarias. El propio Arana enfrenta cuestionamientos por su presunta cercanía con magistrados implicados en una red de corrupción judicial y por haber justificado la represión gubernamental durante las protestas sociales que dejaron decenas de muertos.
* «La renuncia de Adrianzén arrastró la de todo el gabinete. Los tres ministros nombrados el martes debieron renunciar el mismo día que juramentaron el cargo. Reflejo de un gobierno caótico.»
Un Gobierno Acorralado: Desaprobación Récord y Protestas
El gobierno de Dina Boluarte enfrenta un escenario de extrema debilidad. Su índice de aprobación ciudadana se encuentra en niveles históricamente bajos, con algunas encuestas reportando un apoyo de apenas el 2% e incluso el 0%. Esta masiva desaprobación se ha traducido en constantes protestas a nivel nacional, donde la ciudadanía expresa su hartazgo por la inseguridad, la corrupción, el autoritarismo percibido y la crisis económica.
A este panorama se suma el progresivo distanciamiento de algunos de sus aliados clave en el Congreso, como el fujimorismo, que empiezan a calcular los costos políticos de seguir sosteniendo a un gobierno tan impopular de cara a las elecciones generales programadas para 2026.
Análisis Profundo: La Crisis Interminable de Perú
La recurrente inestabilidad ministerial en Perú, que ahora se manifiesta con crudeza bajo la administración de Dina Boluarte, no es un simple accidente político, sino el síntoma más visible de una crisis sistémica de representación y legitimidad que corroe los cimientos del sistema político peruano. La incapacidad crónica para conformar gobiernos que gocen de estabilidad y un mínimo respaldo popular, agravada por una profunda fragmentación parlamentaria y un torrente incesante de acusaciones de corrupción que salpican a todas las esferas del poder, ha sumido al país en un peligroso ciclo de ingobernabilidad. En este torbellino, las soluciones a los problemas más acuciantes de la ciudadanía, como la galopante inseguridad y el estancamiento económico, quedan sistemáticamente postergadas, alimentando un círculo vicioso de descontento y desconfianza.
Esta parálisis política y la aguda crisis de legitimidad que la acompaña podrían estar abonando el terreno para el surgimiento de propuestas autoritarias o populismos radicales. En un escenario donde la ciudadanía percibe que las instituciones democráticas tradicionales son incapaces de ofrecer soluciones efectivas, el atractivo de líderes que prometen orden y mano dura, incluso a expensas de las libertades fundamentales, tiende a crecer. La profunda desconfianza en el Ejecutivo y el Congreso es un caldo de cultivo ideal para la búsqueda de alternativas extra-sistémicas, lo que representa una amenaza tangible para la ya frágil democracia peruana en el largo plazo. La historia latinoamericana está repleta de ejemplos donde vacíos de poder y crisis de legitimidad prolongadas han facilitado el ascenso de regímenes que, bajo la promesa de restaurar la estabilidad, terminaron socavando las instituciones democráticas.
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