Chile ha cerrado, al menos por el momento, un capítulo definitorio de su historia reciente. Tras un segundo intento fallido por reemplazar la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet, el país austral optó mayoritariamente por mantener el texto vigente, aunque con sus múltiples reformas democráticas. Este desenlace marca el fin de un convulso proceso que se inició con el estallido social de 2019 y que mantuvo en vilo a la nación durante más de cuatro años.
Un Proceso Constituyente Cuesta Arriba: Dos Rechazos
El camino hacia una nueva Constitución comenzó con una masiva expresión de descontento popular en octubre de 2019, cuyas demandas incluyeron, de manera prominente, la redacción de una nueva Carta Fundamental. En un plebiscito de entrada en 2020, más del 80% de los votantes apoyó la idea de cambiar la constitución.
Sin embargo, el entusiasmo inicial se topó con la complejidad de la tarea. El primer intento de redacción, a cargo de una Convención Constitucional con mayoría de independientes y sectores de izquierda, resultó en una propuesta que fue calificada por algunos como «refundacional». En septiembre de 2022, esta propuesta fue contundentemente rechazada en las urnas por un 62% de los votantes.
Se abrió entonces un segundo proceso, esta vez con un Consejo Constitucional dominado por fuerzas de derecha. La propuesta emanada de este órgano, sin embargo, también encontró el rechazo ciudadano. En diciembre de 2023, más del 55% de los chilenos votó «En Contra», argumentando muchos que el texto propuesto era incluso más conservador que la Constitución vigente.
¿Por Qué Fracasaron los Intentos de Cambio?
Diversos factores confluyeron para explicar estos dos fracasos consecutivos:
* Demandas Sociales Insatisfechas: Una de las principales motivaciones del estallido social fue la necesidad de reformar profundamente los sistemas de salud, educación y pensiones, donde la Constitución de 1980 consagra un rol subsidiario del Estado. Según los críticos, ninguna de las dos propuestas constitucionales logró ofrecer soluciones satisfactorias y consensuadas a estas demandas estructurales.
* Falta de Acuerdos Transversales: La polarización política fue un obstáculo insalvable. En el primer proceso, los sectores de derecha se sintieron marginados y excluidos de las decisiones fundamentales. En el segundo, fue la izquierda la que denunció una situación similar. Esta incapacidad para construir puentes y alcanzar acuerdos amplios minó la legitimidad de ambas propuestas.
* Desinterés y Desafección Ciudadana: Tras el primer rechazo, cundió una sensación de decepción y fatiga en una parte importante de la ciudadanía. Encuestas mostraron que más de un tercio de los votantes manifestó poco o ningún interés en el segundo proceso constituyente. La fe en que una nueva constitución resolvería los problemas del país se fue diluyendo.
* Preocupaciones Ciudadanas Prioritarias: Mientras el debate constitucional acaparaba la atención política, otras preocupaciones ciudadanas, como la creciente delincuencia (un 90.6% de la población percibía un aumento, según encuestas de la época), pasaron a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, restando urgencia al cambio constitucional para muchos.
La Constitución de 1980: Entre Reformas y Persistencia
Con estos resultados, la Constitución Política de la República de Chile promulgada en 1980, durante el régimen militar, sigue siendo la ley fundamental del país. Es crucial recordar que este texto no es el mismo que se impuso originalmente; ha sido objeto de numerosas y significativas reformas desde el retorno a la democracia en 1990, siendo una de las más importantes la de 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
No obstante, su origen sigue siendo un punto de controversia y un símbolo para quienes la ven como un legado autoritario que perpetúa desigualdades.
* «Este pensamiento se reflejó en las protestas de 2019 donde muchos manifestantes argumentaron que no iban a parar hasta que se creara una nueva Constitución y, con ello, se ‘termine con la herencia de Pinochet’.» (Fuente: BBC News Mundo ).
El Futuro Político y Constitucional de Chile
La mayoría de los actores políticos y analistas coinciden en que, con este segundo rechazo, el proceso constituyente como tal ha llegado a su fin, al menos en el corto y mediano plazo. El presidente Gabriel Boric, quien había apoyado activamente el cambio constitucional, reconoció los resultados y llamó a la unidad del país.
Ahora, el foco se traslada a la capacidad del sistema político para canalizar las demandas ciudadanas a través de la legislación ordinaria y posibles nuevas reformas parciales a la actual Constitución. El Tribunal Constitucional, por su parte, continuará desempeñando su rol en la interpretación y el control de constitucionalidad de las leyes.
Análisis Profundo: Las Lecciones del Fracaso Constituyente Chileno
El doble «no» de la ciudadanía chilena a las propuestas de una nueva Constitución revela una profunda fatiga con los procesos que buscan transformaciones estructurales radicales y, simultáneamente, una seria interpelación a la clase política por su incapacidad para generar consensos amplios en temas que son fundamentales para el país. A pesar del contundente apoyo inicial al cambio constitucional manifestado en 2020, la sociedad chilena parece haber priorizado, en los momentos decisivos, la búsqueda de estabilidad y la resolución de problemas más inmediatos y tangibles, como la seguridad y la economía, por sobre cambios constitucionales que fueron percibidos, en ambos casos, como excesivamente polarizantes o insuficientes para responder a las expectativas generadas.
Este desenlace podría conducir a Chile hacia un periodo que algunos analistas denominan de «statu quo reformista». En este escenario, las transformaciones sociales y económicas que fueron demandadas con fuerza durante el estallido social de 2019 no se buscarían a través de una sustitución completa de la Carta Magna, sino mediante la vía de la legislación ordinaria y la introducción de reformas parciales y específicas a la Constitución de 1980. Sin embargo, esta ruta no está exenta de desafíos. Si las reformas implementadas bajo el marco constitucional actual no logran abordar de manera efectiva las causas profundas de la desigualdad y la desconfianza en las instituciones, el malestar social que dio origen al proceso constituyente podría permanecer latente, con el riesgo de futuras crisis. El origen de la Constitución, aunque su contenido haya sido modificado, seguirá siendo un punto de fricción simbólica y política en el debate chileno.
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