Guayaquil y otras zonas de Ecuador viven una escalada de violencia aterradora, con múltiples masacres reportadas en las últimas horas que han dejado decenas de muertos. El presidente Daniel Noboa ha renovado el estado de excepción en un intento por frenar la ola criminal.

Ecuador se encuentra nuevamente sumido en una espiral de violencia extrema, con la ciudad de Guayaquil como epicentro de una serie de masacres y ataques armados que han sembrado el terror en la población durante las últimas horas. La brutalidad de los hechos, atribuida a enfrentamientos entre bandas narcodelictivas, ha obligado al gobierno del presidente Daniel Noboa a tomar medidas drásticas, incluyendo la renovación del estado de excepción en varias provincias del país, en un esfuerzo por contener una crisis de seguridad que parece no tener fin.

La Barbarie Desatada: Múltiples Masacres Sacuden Guayaquil

La jornada del martes 10 de junio de 2025 y sus vísperas han estado marcadas por una violencia inusitada en Guayaquil y sus alrededores. El evento más impactante reportado fue una masacre en una zona comercial de la vía a Daule y el sector de Mucho Lote, en el norte de Guayaquil, donde al menos ocho personas fueron asesinadas a tiros. Este hecho se vio agravado por otros dos ataques armados ocurridos en menos de una hora en la misma zona, elevando la cifra de víctimas y el pánico entre los residentes y comerciantes.

Informes y videos que han circulado, aunque algunos podrían corresponder a eventos inmediatamente anteriores pero que ilustran la magnitud de la crisis, pintan un cuadro desolador:

• En el sector del Guasmo, también en Guayaquil, se reportó el asesinato de ocho personas cuando sujetos armados a bordo de un vehículo abrieron fuego contra un grupo.
• En Nueva Prosperina, un distrito cercano a Guayaquil, una masacre dejó hasta 22 personas asesinadas, presuntamente como resultado de una disputa entre facciones rivales de la banda «Los Tiguerones».
• En Durán, ciudad vecina a Guayaquil, se informó de la muerte de cinco personas acribilladas por sicarios que, según testigos, vestían prendas similares a las militares.
• La policía investiga estos hechos como parte de una guerra interna entre facciones de bandas como «Los Tiguerones» y otros grupos criminales que se disputan el control de territorios para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Respuesta del Gobierno: Estado de Excepción y Medidas Legales

Ante esta escalada de violencia, el presidente Daniel Noboa ha optado por renovar el estado de excepción en las provincias de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, así como en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta medida permite la movilización de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para tareas de seguridad interna y la suspensión de ciertos derechos constitucionales.

Paralelamente, la Asamblea Nacional aprobó recientemente la Ley de Solidaridad Nacional, una iniciativa del Ejecutivo que busca fortalecer la lucha contra las economías criminales que financian a estos grupos delictivos. Según el oficialismo, esta ley permitirá «arrebatarles sus recursos, cortar sus economías ilícitas, fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y devolverle el control al Estado».

Las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos, realizando allanamientos que han resultado en la detención de sospechosos y el decomiso de arsenales de armas y municiones. Adicionalmente, el gobierno ha logrado asegurar un financiamiento de 260 millones de dólares para el Ministerio del Interior, destinados a fortalecer sus capacidades.

• «Con esta ley permitiremos arrebatarles sus recursos, cortar sus economías ilícitas, fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y devolverle el control al Estado.» (Declaración del oficialismo sobre la Ley de Solidaridad Nacional).

El Clamor Ciudadano: Miedo e Incertidumbre

La respuesta de la ciudadanía ante esta ola de terror es de profundo miedo e incertidumbre. Comerciantes de las zonas afectadas han expresado su temor a seguir trabajando en estas condiciones. «‘Con esto da miedo seguir trabajando'», es el sentir que se replica entre quienes ven sus vidas y sustentos amenazados por la violencia descontrolada. La actividad económica se resiente y la vida cotidiana se ve drásticamente alterada, con ciudadanos que temen salir a las calles.

Controversia y Desafíos: Derechos Humanos y Efectividad

Si bien las medidas de «mano dura» pueden tener un respaldo inicial de una población atemorizada, también generan controversia. Organismos de derechos humanos han expresado su preocupación y han cuestionado la actuación de las fuerzas de seguridad durante los estados de excepción, citando denuncias de supuestos abusos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Existe un debate abierto sobre la efectividad a largo plazo de los estados de excepción y la militarización de la seguridad pública como solución sostenible al complejo problema del crimen organizado. Combatir a bandas con un profundo arraigo territorial, vastos recursos económicos provenientes del narcotráfico y una red de corrupción enquistada representa un desafío monumental para el Estado ecuatoriano.

Análisis Profundo: Ecuador en la Encrucijada de la Violencia Narco

La brutal escalada de violencia y las masacres que se repiten con una frecuencia alarmante en Guayaquil y otras regiones de Ecuador, a pesar de la implementación continua de estados de excepción y la declarada «guerra contra el crimen» por parte del gobierno de Daniel Noboa, sugieren que las estrategias actuales, si bien pueden arrojar éxitos puntuales como detenciones y decomisos, no están logrando desmantelar de manera estructural a las poderosas organizaciones narcocriminales ni frenar su aterradora capacidad de generar violencia.

Esta persistencia del terror podría indicar una subestimación de la profundidad y complejidad del problema, o bien la necesidad urgente de adoptar un enfoque más integral que trascienda la respuesta predominantemente militar y policial, abordando también las causas sociales, económicas y la corrupción que facilitan el accionar de estas redes.

La continuidad de esta violencia extrema, sumada a las preocupantes denuncias sobre posibles abusos a los derechos humanos cometidos al amparo de los estados de excepción, coloca a Ecuador en un peligroso dilema entre la búsqueda de seguridad y el respeto a las garantías fundamentales. Este es un camino que otros países de la región ya han transitado, a menudo con resultados ambiguos. Si la percepción ciudadana mayoritaria llega a ser que solo mediante medidas extremas se puede alcanzar un atisbo de seguridad, podría crecer el apoyo popular a políticas que restrinjan libertades civiles, con el consiguiente riesgo de una deriva autoritaria y el debilitamiento del estado de derecho a largo plazo. Todo ello, sin que exista una garantía real de resolver las raíces profundas del narcotráfico y la violencia que este genera, y con el peligro de que la «mano dura» se convierta en una solución ilusoria que perpetúe el ciclo de violencia y represión.

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