El Caribe mexicano amaneció bajo la sombra de un escándalo. En un operativo coordinado entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias estadounidenses, se reveló una compleja red asentada en Cancún, acusada de traficar personas desde Asia, Europa, Sudamérica y Medio Oriente hacia Estados Unidos.
La investigación apunta directamente a Vikrant Bhardwaj, empresario con doble nacionalidad indo-mexicana, como el cerebro detrás de la llamada organización de tráfico de personas Bhardwaj. Según la OFAC, esta red habría introducido ilegalmente a miles de migrantes a territorio estadounidense, aprovechando la infraestructura turística y aeroportuaria de Cancún.
El corredor del tráfico: Tapachula-Cancún-Mexicali
El recorrido clandestino comenzaba con la llegada de los migrantes al Aeropuerto Internacional de Cancún, donde eran hospedados en hoteles de la zona. Luego, mediante conexiones aéreas o terrestres, eran trasladados hacia el norte, siguiendo la ruta Tapachula-Cancún-Mexicali, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
Lo alarmante del caso es que, según la OFAC, la red contaba con apoyo logístico del Cártel de Sinaloa, lo que amplía el impacto del operativo al ámbito del narcotráfico y lavado de dinero.
Más que tráfico: una trama de corrupción y poder
Además de Bhardwaj, el Tesoro sancionó a su esposa Indu Rani, también de nacionalidad indo-mexicana, por participar en operaciones financieras y fungir como accionista de empresas utilizadas para mover capital entre India y México.
Otros sancionados incluyen a José Germán Valadez Flores, identificado como empresario y narcotraficante, y a Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía de Quintana Roo, presuntamente encargado de brindar protección local a las operaciones.
Las sanciones implican el congelamiento de activos, la prohibición de transacciones con empresas estadounidenses y la inclusión de los involucrados en la lista negra de la OFAC.
Un golpe simbólico y estratégico
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que esta medida busca “interrumpir la capacidad de la red para introducir ilegalmente inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”.
Aunque el gobierno estadounidense enmarca la acción dentro del combate al tráfico de personas, organizaciones civiles advierten que el discurso tiende a criminalizar la migración y a reforzar el control fronterizo más que la protección de víctimas.
México y EU: cooperación bajo tensión
La UIF mexicana confirmó su colaboración en el caso, lo que refleja una creciente interdependencia entre agencias financieras y de seguridad de ambos países. Sin embargo, la investigación también evidencia vacíos en la regulación turística y migratoria de destinos como Cancún, donde confluyen economías formales e ilícitas.
El desenlace judicial aún está por verse, pero este caso refuerza la narrativa de un México vigilado desde Washington, en medio de tensiones diplomáticas sobre seguridad y migración.
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