La diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, fue incluida recientemente en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con integrantes de Los Mayos, empresas y otras personas vinculadas al cártel de Sinaloa.
Sin embargo, este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró en su rueda de prensa que el gobierno mexicano no cuenta con pruebas suficientes para abrir una investigación formal contra la legisladora. La mandataria señaló que, aunque hubo solicitud de cooperación de EU, la información proporcionada no fue concluyente para actuar en territorio nacional.
La postura del gobierno mexicano
Sheinbaum detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó los antecedentes y no encontró elementos para congelar cuentas bancarias de Brown en México.
“No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas; son medidas de Estados Unidos”, aclaró.
La presidenta enfatizó que México no protege a nadie:
“Si hubiera más información, abriríamos la investigación. Hasta ahora se consideró que no hay elementos suficientes para proceder”.
Esto evidencia la importancia de la cooperación internacional y la presentación de evidencia sólida para acciones legales en casos de crimen organizado transnacional.
Implicaciones de las sanciones de la OFAC
Las sanciones de la OFAC buscan presionar a las redes de apoyo económico y logístico de grupos como Los Mayos, que operan en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Aunque la legisladora está en la lista de sancionados, México requiere pruebas formales para iniciar procesos legales internos.
Expertos destacan que este tipo de casos refleja los desafíos de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, donde las sanciones extranjeras no siempre se traducen en acciones legales automáticas en territorio nacional.
Cooperación México-Estados Unidos y retos legales
La situación subraya la necesidad de establecer protocolos claros de intercambio de información entre México y Estados Unidos. Claudia Sheinbaum reiteró que, de presentarse evidencia adicional por parte de Washington, el país abriría la investigación correspondiente y colaboraría con la fiscalía para actuar en consecuencia.
Este caso también plantea un debate sobre la política de sanciones y la presunción de inocencia, ya que la inclusión en listas extranjeras no equivale a una condena legal en México, sino a un mecanismo de presión internacional.
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