El calendario electoral en México no ha dado tregua desde 2023, cuando Morena adelantó su proceso interno para elegir a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Esta estrategia, aunque cuestionada, marcó el inicio de un largo periodo de campañas, controversias legales y simulaciones políticas que han mantenido al país en un estado de constante tensión electoral.
Con la elección de la Dra. Claudia Sheinbaum como presidenta y la posterior promulgación de la reforma judicial, México ha entrado en un nuevo capítulo de su historia democrática. Esta reforma, que establece que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, ha generado más preguntas que respuestas sobre el impacto en la justicia y el desgaste en la participación ciudadana.
De la anticipación al agotamiento electoral: un panorama confuso
El adelanto del proceso interno de Morena en 2023 desató una cadena de eventos sin precedentes. Los partidos de oposición, inicialmente críticos, terminaron adoptando estrategias similares, validando las irregularidades que previamente habían denunciado.
El proceso electoral 2024, que culminó con la elección presidencial, duró 15 meses, dejando a la ciudadanía fatigada. Apenas unas semanas después de la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum, el 15 de septiembre, se publicó la polémica reforma judicial, que obligó al INE a iniciar un nuevo proceso electoral el 23 de septiembre de 2024.
Esta reforma establece que los jueces y magistrados sean seleccionados mediante voto popular. Aunque la intención es democratizar la justicia, el impacto real de esta medida está por verse.
¿Voto popular para jueces? Las dudas sobre la reforma judicial
La reforma judicial se presentó como un avance hacia una mayor transparencia y legitimidad en el sistema de impartición de justicia. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿elegir jueces y magistrados por voto popular realmente mejorará el sistema judicial en México?
Los retos de esta medida incluyen:
- Falta de información ciudadana: La población podría desconocer las capacidades y antecedentes de los candidatos.
- Politización de la justicia: Existe el riesgo de que los jueces sean seleccionados con base en su popularidad y no en su experiencia jurídica.
- Sobrecarga al sistema electoral: El INE ya enfrenta problemas presupuestales y logísticos, y esta nueva responsabilidad podría agravar la situación.
El impacto en la participación ciudadana
En 2024, la elección presidencial alcanzó una participación del 61%, un dato alentador para un país con históricas bajas cifras en elecciones intermedias. Sin embargo, el constante llamado a las urnas podría provocar un agotamiento electoral entre los ciudadanos, especialmente en un entorno donde la democracia aún enfrenta desafíos estructurales.
El estado de Veracruz, que también tendrá elecciones locales, será clave en esta nueva jornada electoral. Representando un porcentaje significativo del padrón electoral nacional, su nivel de participación podría influir en el éxito o fracaso de esta reforma.
Una democracia al límite: más preguntas que respuestas
Si bien la reforma judicial busca un cambio profundo en el sistema de justicia mexicano, queda la duda de si las elecciones por voto popular son la solución adecuada. La sobreexposición a procesos electorales prolongados y consecutivos plantea riesgos para la participación ciudadana y la percepción de legitimidad de las instituciones.
El futuro de la democracia en México está en juego. Más allá de las reformas legales, es imprescindible fortalecer la cultura democrática y garantizar que las medidas adoptadas realmente beneficien a la ciudadanía.
Entre el desgaste y la esperanza
México atraviesa uno de los periodos más desafiantes de su historia democrática. Los procesos electorales continuos, sumados a las reformas judiciales, han generado incertidumbre y debates. Si bien el voto popular para jueces busca democratizar la justicia, su implementación debe ser acompañada de medidas que eviten la politización y el desgaste ciudadano.
En este contexto, la ciudadanía tiene la responsabilidad de participar, informarse y exigir transparencia para que las decisiones actuales no solo sean un cambio de forma, sino también de fondo.
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