El próximo 1 de junio de 2024, México será testigo de una elección sin precedentes: la primera votación para designar jueces y magistrados en todos los niveles del Poder Judicial. Aunque esta reforma pretende democratizar la justicia, los desafíos logísticos, presupuestarios y políticos amenazan con convertirla en un experimento fallido.
¿De qué se trata esta elección?
En este proceso histórico, los mexicanos deberán elegir hasta 39 cargos judiciales, que incluyen:
- 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
- 17 magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral.
- 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito.
Esto implica una complejidad inédita para el ciudadano promedio, que deberá evaluar a 291 candidaturas en un periodo de campaña de apenas 60 días.
Un proceso en riesgo: ¿qué está fallando?
El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar estos comicios, enfrenta una serie de obstáculos que comprometen su capacidad para llevar a cabo un proceso eficiente y transparente.
1. Falta de recursos:
El INE solicitó un presupuesto precautorio de 13 mil millones de pesos, pero el Congreso y el Ejecutivo rechazaron esta cantidad, calificándola de excesiva. La falta de financiamiento afecta directamente:
- La contratación de 50 mil capacitadores y supervisores electorales.
- La logística para integrar las mesas directivas de casilla.
- La difusión necesaria para que la ciudadanía conozca a los candidatos.
2. Tiempo insuficiente:
El Consejo General del INE solicitó una prórroga de 90 días para extender el periodo de preparación, pero esta petición fue rechazada por el Congreso. Esto deja al instituto con 380 actividades pendientes en un plazo reducido.
3. Baja participación ciudadana:
Con una convocatoria que cierra el 24 de noviembre, el panorama es desolador. No se alcanzarán los 16 mil 230 aspirantes necesarios para cubrir los cargos en disputa, poniendo en riesgo la diversidad y calidad de los perfiles.
¿Qué implica esta reforma para la justicia en México?
Aunque la idea de elegir jueces y magistrados por voto popular tiene un atractivo democrático, también plantea serias dudas sobre su implementación en un país con niveles altos de polarización política y desconfianza institucional.
Riesgos principales:
- Desinformación ciudadana: ¿Cómo conocerán los votantes a cientos de candidatos en solo dos meses de campaña?
- Politización del Poder Judicial: En un contexto donde los partidos influyen en casi todos los procesos, esta reforma podría reforzar la partidización de la justicia.
- Resultados improvisados: Sin los recursos y el tiempo adecuados, existe un alto riesgo de errores logísticos y administrativos.
Un INE bajo presión
Desde su llegada, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha enfrentado críticas por alinearse con las prioridades del Ejecutivo, incluso cuando esto compromete la independencia del instituto. Esta percepción debilita aún más la confianza en un organismo que ya está bajo escrutinio constante.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey ha advertido sobre los riesgos de realizar una elección tan compleja sin las condiciones mínimas necesarias. Sin embargo, sus llamados parecen haber caído en oídos sordos dentro del Congreso.
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