México inicia hoy elecciones judiciales populares, un experimento único en América Latina. Conoce los riesgos de politización y el impacto en la independencia judicial.
México se lanza hoy, 1 de junio de 2025, a un proceso electoral sin precedentes a nivel global: la elección popular de jueces, magistrados y ministros federales, un modelo que solo Bolivia comparte en la región.[1] Este hito genera incertidumbre sobre el equilibrio de poderes y la independencia judicial en el país y sus posibles repercusiones en América Latina.La jornada electoral de este 1 de junio en México marca el inicio de un «experimento sin precedentes» en la democratización de la justicia, donde los ciudadanos votarán directamente por 9 ministros de la Suprema Corte, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cientos de magistrados de circuito y jueces de distrito.[1] Este proceso, impulsado por reformas constitucionales, busca transformar el sistema judicial, pero ha levantado serias preocupaciones entre analistas y sectores políticos y empresariales, incluso en Estados Unidos.
Riesgos de Politización y Control Partidista
El principal temor radica en la posible «politización de la justicia».[1] Expertos advierten que la elección popular podría abrir la puerta a que partidos políticos dominantes, como el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), promuevan candidatos afines, consolidando así un control sobre el poder judicial.[1] Si MORENA logra mantener su mayoría legislativa y asegurar el control judicial, además de la presidencia con Claudia Sheinbaum, se configuraría una concentración de poder que algunos comparan con el antiguo Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Un Modelo Raro en el Mundo
A nivel global, la elección popular de jueces es una rareza. Solo Bolivia mantiene un sistema similar, lo que subraya la magnitud del paso que México está dando.[1, 2] En América Latina, la idea de democratizar la justicia ha estado históricamente ligada al voto, pero nunca a esta escala ni para todos los niveles judiciales.
«En América Latina, la idea de democratizar la justicia ha estado siempre ligada al voto», señalan los expertos, aunque reconocen que el modelo mexicano es único en su alcance.
Impacto en la Certeza Jurídica y la Inversión
La incertidumbre generada por este cambio no es solo una cuestión interna. Sectores políticos y empresariales en Estados Unidos han expresado su inquietud, viendo en esta reforma una potencial «amenaza a la certeza jurídica».[1] Esto podría tener implicaciones en las relaciones bilaterales y en la atracción de inversión extranjera, que busca entornos legales estables y predecibles.
El Calendario Electoral Judicial
El proceso para estas elecciones judiciales comenzó meses atrás con la selección aleatoria de posiciones a elegir y la formación de comités de evaluación.[1] Tras la publicación de las candidaturas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 5 de febrero, la campaña electoral se extendió del 30 de marzo al 18 de mayo.[1] Hoy, 1 de junio, es el día de la votación, y los nuevos funcionarios asumirán sus cargos el 1 de septiembre de 2025. Una segunda elección judicial está prevista para 2027, abarcando los jueces restantes.
La trascendencia de estas elecciones va más allá de las urnas. Representan un punto de inflexión para el sistema de justicia mexicano y un caso de estudio crucial para la región, que observa de cerca cómo este «experimento» reconfigurará el equilibrio de poderes y la confianza en sus instituciones.
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