En el horizonte electoral de México se asoma una votación inédita: la elección de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, a dos meses de su aprobación, este proceso parece más un campo minado que una oportunidad democrática.
Un camino lleno de opacidad
El caos empieza por la falta de claridad. ¿Quién contará los votos? ¿Cuántas casillas se instalarán? ¿Cómo se decidirán las ubicaciones? Son preguntas fundamentales que siguen sin respuesta.
El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar estos comicios, enfrenta un grave recorte presupuestal. De los 13,205 millones de pesos solicitados para organizar la elección, no solo no recibió los recursos, sino que sufrió un recorte adicional de 13,476 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2025.
Un sistema electoral sin garantías
Sin el presupuesto necesario, el INE no podrá replicar el modelo de votación tradicional con más de 170,000 casillas en todo el país. Esto abre la puerta a improvisaciones peligrosas:
- Centros de votación centralizados que aglutinen decenas de casillas.
- Falta de capacitación para los funcionarios electorales.
- Ineficiencia en el conteo de votos y posibles retrasos en los resultados.
Además, no hay claridad sobre el método para seleccionar a las personas encargadas de organizar y contar los votos de la elección de jueces y magistrados. Las leyes secundarias aprobadas por el Congreso no incluyen parámetros de transparencia, dejando espacio para dudas y desconfianza.
El riesgo de una crisis electoral
La incertidumbre no se limita al día de la votación. Después de los comicios, los jueces y magistrados electos enfrentarán miles de casos en juzgados. Sin experiencia previa y con una elección bajo sospecha, el sistema de justicia podría colapsar ante la sobrecarga de trabajo y la falta de preparación.
El impacto podría ser devastador: una crisis judicial que pondría en juego la confianza en las instituciones y el acceso a la justicia para millones de ciudadanos.
La 4T y el experimento electoral: ¿caos deliberado?
La falta de interés del gobierno y de Morena en garantizar un proceso transparente y eficiente parece evidente. Por un lado, impulsaron una reforma para organizar esta elección, pero, por otro, niegan los recursos necesarios para llevarla a cabo.
La narrativa de «experimentación democrática» choca con la realidad de un INE debilitado, reglas poco claras y una organización improvisada que pone en riesgo la confianza ciudadana.
¿Qué podemos esperar?
El panorama es alarmante:
- Centros de votación insuficientes para cubrir las necesidades de la población.
- Cientos de personas sin experiencia seleccionadas para ocupar cargos judiciales clave.
- Un conteo de votos y resolución de conflictos electorales sin transparencia ni recursos adecuados.
Un llamado a la transparencia y la responsabilidad
El experimento electoral puede convertirse en un precedente peligroso para la democracia mexicana. Si el gobierno y los legisladores no toman medidas inmediatas para garantizar recursos, transparencia y capacitación, el país se enfrenta a un caos electoral y judicial sin precedentes.
En una democracia, la certeza y la confianza son esenciales. Este proceso no solo pone en juego el sistema de justicia, sino la credibilidad de las instituciones y el futuro del país.
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