La histórica elección judicial en México ha comenzado a perfilar a sus nuevos integrantes, con Hugo Aguilar Ortiz liderando el conteo para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el proceso ha sido empañado por una baja participación ciudadana y fuertes llamados de la oposición para su anulación.
La histórica elección judicial en México ha comenzado a revelar sus resultados preliminares. Con el 86.9% de las actas computadas, Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco proveniente de Oaxaca, se perfila como el principal candidato para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aguilar Ortiz lidera el conteo con el 5.2% de los votos, lo que se traduce en aproximadamente 4.93 millones de sufragios. Le sigue de cerca la ministra Lenia Batres, con el 4.9% (4.68 millones de votos), y en tercer lugar se encuentra Yasmín Esquivel, con el 4.3%.
La trayectoria de Hugo Aguilar Ortiz es notable; es maestro en Derecho Constitucional y fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés a finales de los años 90. Su posible ascenso a la presidencia de la SCJN lo convertiría en el primer presidente indígena de la Corte desde Benito Juárez, un hecho de gran simbolismo histórico y social para el país.
Baja participación y llamados a la anulación
A pesar de la trascendencia de esta elección, la participación ciudadana ha sido notablemente baja, con estimaciones que la sitúan entre el 12% y el 13.3% del padrón electoral. Esta escasa afluencia a las urnas plantea interrogantes fundamentales sobre la legitimidad del mandato popular para una transformación institucional de tal envergadura.
La oposición ha reaccionado con vehemencia. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha anunciado formalmente que solicitará la anulación de la elección, calificándola de «farsa». Sus argumentos se centran en un elevado número de votos nulos y lo que denuncian como una «participación abierta del Gobierno federal» en el proceso electoral. Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) ha criticado duramente el proceso, describiéndolo como un «fracaso anunciado» y un «retroceso institucional profundo», aludiendo a que el Poder Judicial ha sido entregado «al vaivén de las urnas, sin filtros de integridad, competencia ni imparcialidad».
Las denuncias de la oposición incluyen el uso de «acordeones», folletos con listas de candidatos afines al partido gobernante Morena, distribuidos para inducir el voto. Esta práctica es considerada un delito electoral y una grave falta de garantías para un ejercicio libre y razonado del sufragio. La combinación de baja participación y acusaciones de injerencia política crea una paradoja: una reforma que supuestamente busca democratizar la justicia está siendo percibida por amplios sectores como un proceso que socava los principios democráticos y la independencia judicial.
El debate sobre la Independencia Judicial
La reforma judicial en cuestión, que contempla la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9 y la disminución de su periodo de encargo de 15 a 12 años, ha generado un intenso debate sobre la politización de la justicia y el posible debilitamiento de la separación de poderes en México.
Voces críticas, como la del expresidente Ernesto Zedillo y diversas instituciones, han expresado su preocupación de que esta reforma podría «politizar la impartición de justicia y someter a la Corte a los intereses de un solo partido», lo que tendría implicaciones significativas para la independencia judicial y sentaría un precedente preocupante para la democracia en América Latina.
La preocupación radica en que la elección popular, sin los filtros adecuados, podría llevar a la designación de jueces sin la experiencia o imparcialidad necesarias. En contraste, los defensores de la reforma, como Claudia Sheinbaum, argumentan que la elección popular de jueces es un paso fundamental para democratizar la justicia, combatir la corrupción y hacer que el sistema judicial sea más «expedito» y accesible para el pueblo.


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