La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha sido contundente al declarar que ninguna alcaldía posee la facultad legal para rifar o vender patrimonio público. Esta firme postura surge como respuesta directa a la amenaza de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de subastar las esculturas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro.
Brugada subrayó que el retiro de estas piezas, instaladas en 2021, se efectuó sin la debida autorización del Comité de Monumentos, el organismo encargado de salvaguardar el patrimonio cultural y urbano de la Ciudad de México. La posición del gobierno capitalino es inequívoca: los bienes públicos son inalienables e inconcesionables, y las alcaldías carecen de atribuciones para intervenir en monumentos o esculturas.
Desde el momento en que se removieron las esculturas, se señaló el incumplimiento de las normativas vigentes. Brugada ha insistido en que las alcaldías no tienen competencias para actuar sobre monumentos, esculturas o cualquier otra propiedad del gobierno.
La Ley Orgánica de las Alcaldías, en su artículo 20, fracción 18, es clara al establecer que las demarcaciones deben garantizar el acceso a los espacios públicos y su infraestructura cultural, y que dichos bienes “no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna”. El Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con el Gobierno de México, está trabajando activamente en la recuperación de estas esculturas con el propósito de reubicarlas en un espacio simbólico de la capital, asegurando así su preservación y accesibilidad para toda la ciudadanía.
Respaldo a la Legalidad del Patrimonio Público
La jefa de Gobierno también desestimó las comparaciones que la alcaldesa de Cuauhtémoc ha intentado establecer con el retiro de la estatua de Cristóbal Colón durante la administración de Claudia Sheinbaum. Brugada aclaró que el caso de Colón fue un proceso institucional que incluyó una restauración, una consulta pública y una decisión colegiada del Comité de Monumentos. «No se compara. Lo que ocurrió fue que se retiró para remozarla y el Comité tomó una decisión. En este caso no hubo ni consulta ni autorización”, enfatizó. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó plenamente la postura de Brugada, calificando el retiro y la potencial subasta de las esculturas como un acto ilegal.
Sheinbaum fue categórica al afirmar que “El patrimonio no se subasta. Es una ilegalidad, y hay que decirlo claro”. Explicó que para remover las esculturas se requería el permiso del Comité de Monumentos, y si no se deseaba que permanecieran en la alcaldía, debieron ser entregadas. La decisión sobre la ubicación de estos bienes culturales recae en el Comité, donde participan tanto el Gobierno de la Ciudad como instituciones culturales federales como el INAH y el INBAL. En cuanto al destino de las esculturas del Che y Fidel, Brugada indicó que se está analizando un lugar emblemático y representativo donde puedan ser reinstaladas, con el fin de que la población tenga acceso a estas piezas históricas y conmemorativas.
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