El pasado 20 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de simplificación orgánica, una medida que suprime siete órganos autónomos, incluyendo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Este cambio, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha generado una gran controversia, pues coloca el acceso a la información pública y la protección de datos personales bajo el control directo del Ejecutivo. Si bien el argumento oficial es que su eliminación ahorrará recursos que se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, los críticos advierten que se trata de un retroceso en materia de rendición de cuentas y democracia.
¿Qué pasa con la transparencia tras la desaparición del INAI?
La reforma establece que las funciones del INAI serán absorbidas por la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública), pero con una diferencia crucial: ya no habrá un organismo autónomo que garantice el acceso a la información y la protección de datos de manera independiente.
Además, cada poder del Estado deberá implementar su propia estructura para atender estas obligaciones, lo que en la práctica significa que los ciudadanos dependerán de la buena voluntad de las instituciones para acceder a la información pública.
Las preocupaciones son evidentes:
- Falta de un ente revisor independiente: Sin el INAI, las dependencias gubernamentales podrán decidir qué información hacer pública sin rendir cuentas a un organismo externo.
- Mayor opacidad en el manejo de recursos públicos: La ciudadanía y la prensa perderán una herramienta fundamental para investigar casos de corrupción y mal manejo del dinero público.
- Vulnerabilidad en la protección de datos personales: Empresas y dependencias gubernamentales ya no estarán sujetas a una supervisión especializada en el manejo de la información privada de los ciudadanos.
Estados obligados a desaparecer sus organismos de transparencia
La reforma no solo afecta al nivel federal, sino que también ordena a los estados homologar su estructura administrativa. En otras palabras, los órganos locales de transparencia también serán eliminados y sus funciones serán absorbidas por las dependencias estatales.
Esto significa que cada entidad federativa tendrá plena discrecionalidad sobre cómo garantizar (o no) el derecho de acceso a la información, lo que generará un mosaico desigual de rendición de cuentas a lo largo del país.
¿Qué significa para la ciudadanía?
Para el ciudadano común, la desaparición del INAI representa una barrera adicional para conocer información clave sobre el gobierno, como contratos, presupuestos y decisiones administrativas.
Antes, si una dependencia se negaba a proporcionar información, se podía acudir al INAI para que revisara el caso y, en su caso, obligara a la entrega de los datos. Con la nueva reforma, será la misma administración pública la que decida qué se entrega y qué no, sin una instancia que pueda intervenir.
Esto afecta tanto a nivel individual como colectivo:
- A nivel individual, limita el derecho de las personas a estar informadas y tomar decisiones con base en datos verificables.
- A nivel colectivo, debilita los mecanismos democráticos, ya que una sociedad sin información es más susceptible a la manipulación.
¿Hay vuelta atrás?
A pesar de la eliminación del INAI, diversas organizaciones de la sociedad civil y académicos han comenzado a analizar vías legales para impugnar la reforma. Existen argumentos para llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin un organismo autónomo que tenga la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad, la batalla será cuesta arriba.
El futuro de la transparencia en México es incierto. La pregunta clave es si la ciudadanía y los sectores críticos podrán ejercer suficiente presión para revertir esta decisión o si, por el contrario, estamos ante el inicio de una nueva era de opacidad gubernamental.
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