El pasado martes, el Comité de Evaluación del Poder Judicial tomó una decisión que sacudió los cimientos del debate político en México: suspender sus funciones dentro del proceso de selección judicial de este año. Esta decisión, que afecta la elección de cientos de jueces y magistrados, desató una ola de críticas encabezadas por figuras como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó la medida como una “franca irresponsabilidad”.
Sin embargo, más allá de las acusaciones políticas, este hecho pone sobre la mesa un dilema fundamental: ¿debe prevalecer el mandato judicial sobre las presiones políticas?
El origen de la suspensión: ¿un mandato inevitable?
La suspensión de las actividades del comité no fue un acto arbitrario, sino el resultado de un mandato judicial emitido por un juez en Michoacán. La resolución surge de un amparo promovido por jueces y magistrados afectados por la reforma judicial, quienes argumentaron que esta vulnera sus derechos.
Aunque la medida ha sido cuestionada, el fallo judicial es claro: los comités involucrados deben detener todo procedimiento relacionado con la reforma judicial. Para el Comité de Evaluación, desobedecer habría significado violar la ley.
¿Desobedecer o cumplir la ley? Un dilema que divide posturas
Mientras el Comité de Evaluación optó por acatar el fallo, los otros dos comités —el del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo— eligieron ignorarlo. Este desacato no es un caso aislado: en México, violar suspensiones judiciales parece haberse normalizado.
Desde el expresidente López Obrador hasta la actual presidenta Claudia Sheinbaum, pasando por instituciones como el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF), el incumplimiento de resoluciones judiciales se ha vuelto una práctica recurrente en todos los niveles de gobierno.
Críticas al Comité: ¿Un cumplimiento constitucional mal interpretado?
En un giro irónico, el único comité que decidió cumplir con la Constitución se ha convertido en el blanco de críticas. Entre los argumentos más frecuentes están:
- Riesgo para el proceso electoral: La suspensión podría limitar la participación de aspirantes y dejar el camino libre para que Morena controle el proceso judicial.
- Falta de pragmatismo: Se acusa al comité de ser “demasiado técnico” y no considerar las consecuencias políticas de su decisión.
Sin embargo, estas críticas ignoran un punto clave: el respeto al imperio de la ley no debería ser negociable.
Reforma judicial: ¿Quién tiene la culpa?
El verdadero origen de esta crisis no recae en el Comité de Evaluación, sino en las y los legisladores que aprobaron una reforma judicial plagada de inconsistencias legales y autoritarismos. Esta reforma, que busca transformar la estructura del Poder Judicial, ha generado una ola de impugnaciones que pone en duda su viabilidad.
La oposición dividida: entre el idealismo y el pragmatismo
Un sector de la oposición ha caído en la trampa de exigir que el Comité actúe como un actor político, violando el mandato judicial para “compensar” las acciones de los comités del Ejecutivo y Legislativo. Esta lógica no solo contradice los principios democráticos, sino que también acerca a la oposición a prácticas que critica en el obradorismo.
¿Qué está en juego para México?
La reforma judicial no es solo un debate técnico o político; afecta directamente el equilibrio de poderes y la protección de derechos fundamentales. Si las instituciones continúan priorizando intereses partidistas sobre el respeto al marco legal, el estado de derecho seguirá debilitándose.
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