En un nuevo giro de los eventos políticos de México, el periodista Carlos Loret de Mola ha destapado una serie de vínculos entre Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, su hijo y ciertos personajes clave dentro de su gabinete. Estos vínculos podrían tener repercusiones importantes no solo en el ámbito local, sino también en la imagen de la administración de la 4T. En su columna Historias de Reportero, Loret de Mola revela cómo, desde 2018, Durazo y sus allegados se involucraron en la creación de empresas que, según el reportaje, han recibido un trato preferencial por parte del gobierno de Sonora.
El periodista documenta cómo, en una fotografía tomada en diciembre de 2018, se puede ver a Alfonso Durazo junto a su hijo, Alfonso Durazo Chávez, y dos amigos cercanos: Fernando Rojo de la Vega y David Soto Alday, quienes celebraban la fundación de cuatro empresas. Estos personajes, que en ese momento apenas comenzaban a hacer negocios, terminaron desempeñando cargos clave en el gabinete de Durazo, como los secretarios del Bienestar y del Trabajo en Sonora.
Lo que parece una historia de amigos que inician proyectos juntos ha cobrado relevancia debido a las irregularidades denunciadas en torno a una de las empresas beneficiadas por el gobierno estatal, que, según Loret de Mola, ha recibido ventajas y tratos preferenciales.
La relación con la empresa china
Según el reportaje publicado por Latinus, la empresa beneficiada es una firma china que cotiza en la Bolsa de Hong Kong. Esta compañía, que está vinculada a un amigo de Alfonso Durazo, recibió 150 hectáreas de terreno en Sonora, las cuales, según el periodista, fueron transferidas de ejidatarios a un fideicomiso administrado por el hijo del gobernador. Estas tierras, cercanas a la frontera con Estados Unidos, tienen un valor estratégico y, lo que es aún más controversial, el gobierno estatal decretó que no pagaran impuestos.
El trato favorecedor a esta empresa no se limita solo al terreno. El secretario de Bienestar de Sonora, Fernando Rojo de la Vega, quien también es socio del hijo del gobernador, es el administrador único de esta empresa. Esta situación pone en evidencia una posible red de favores y conflictos de interés que podrían estar influyendo en la toma de decisiones de alto nivel en el gobierno de Sonora.
El despilfarro de confianza y el modelo de negocio de la 4T
La implicación de otros personajes clave como David Soto Alday, secretario del Trabajo del Estado, añade más complejidad a este asunto. Soto Alday no solo fue socio del hijo de Durazo en las empresas fundadas en 2018, sino que también fundó, junto con Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador panista de Sonora, un despacho de abogados. Este despacho, conocido como Soto, Padrés Dagnino Abogados, tiene un trasfondo oscuro relacionado con la delincuencia organizada y el lavado de dinero, ya que tanto Guillermo Padrés como su hijo estuvieron encarcelados por estos delitos.
Lo más sorprendente es que, en el mismo mes de 2019, Soto Alday fundó este despacho mientras ya era socio del hijo de Durazo. Además, después de su paso por el despacho, Soto Alday fue nombrado director general del Centro de Conciliación Laboral de Sonora, donde sigue desempeñando funciones hasta la fecha.
Lo que Loret de Mola denuncia es un patrón de conductas impunes dentro de la administración de la 4T, en el que las conexiones familiares y los negocios privados se mezclan con las funciones públicas. En su columna, el periodista reflexiona sobre cómo, a pesar de los discursos contra la corrupción, las élites políticas parecen actuar con total descaro, como si no tuvieran nada que esconder.
¿Hasta dónde llega el poder del gobernador de Sonora?
La polémica generada por estos revelaciones pone en cuestión la verdadera naturaleza de las políticas públicas impulsadas por la administración de Alfonso Durazo. Mientras el gobierno estatal insiste en que estos proyectos tienen un impacto positivo para la región, las conexiones empresariales de los personajes involucrados sugieren que la prioridad podría no ser el bienestar de la población, sino los intereses privados de unos pocos.
Las acusaciones de corrupción y conflicto de interés podrían empañar la figura del gobernador de Sonora, especialmente en un contexto en el que la 4T se presenta como una administración comprometida con la transparencia y la lucha contra la corrupción. La pregunta que surge es si el presidente López Obrador permitirá que estos casos sigan adelante sin consecuencias o si tomará una postura firme para mandar un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción.
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