La SCJN atraerá el caso de Santa Fe tras cinco años de disputa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por mayoría de seis votos contra tres, ejercer su facultad de atracción para revisar el litigio que enfrenta desde hace cinco años a la Fiscalía General de la República (FGR) y a diversas empresas privadas por terrenos ubicados en Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.

El expediente, identificado como 235/2025, fue turnado a la Corte a petición de la FGR, presentada en junio de este año. El Pleno deberá resolver en definitiva si los terrenos en disputa pertenecen al patrimonio de la nación o a los particulares que los ocupan, a quienes la Fiscalía acusa de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

En contra de la atracción votaron los ministros Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía.

Los argumentos de la Fiscalía General de la República

La FGR sostiene que los predios en cuestión fueron expropiados en 1907 mediante un decreto del entonces presidente Porfirio Díaz, y nuevamente en 1974, por orden presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Ambos decretos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que, a juicio del Ministerio Público Federal, prueba que los terrenos son propiedad de la nación.

Con base en estos antecedentes, la Fiscalía busca tener la posesión de los inmuebles y recuperar un espacio estratégico en la zona de Santa Fe, donde actualmente se desarrollan proyectos inmobiliarios de alto valor.

La postura de las empresas privadas

Por su parte, la Inmobiliaria F4, S.A. de C.V., principal parte demandada, defiende que los terrenos dejaron de formar parte del patrimonio federal en diciembre de 2018, gracias a un decreto de desincorporación publicado también en el DOF.

Según la empresa, dicho decreto avaló la regularización de dos fracciones del predio, con superficies de 7,070.32 y 925.39 metros cuadrados, a favor de Juana Reséndiz Vázquez, bajo el argumento de que correspondían a un terreno mayor conocido como Cenid Microbiología.

Con este fundamento legal, las compañías aseguran que las autoridades carecen de sustento para reclamar la propiedad de los inmuebles.

El origen del litigio en 2020

El caso comenzó en octubre de 2020, cuando se recibió una denuncia anónima que señalaba a una empresa y a particulares por venta irregular de terrenos federales en la colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón, específicamente en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca.

A partir de la denuncia, la FGR inició una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. En 2022, el proceso se amplió para incluir uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales.

En febrero de 2024, la Fiscalía ordenó el aseguramiento de parte del predio, lo que generó un fuerte choque con las empresas involucradas.

El amparo que frenó a la FGR

El 15 de noviembre de 2024, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Paloma Xiomara González González, concedió un amparo a las empresas Inmobiliaria F4, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited, con lo que se impidió a la FGR tomar posesión del inmueble.

La resolución judicial se apoyó en el decreto de 2018, que autorizaba la regularización del predio a favor de particulares. La jueza consideró que el aseguramiento carecía de fundamentación y motivación, lo que violaba el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Impugnación y llegada del caso a la Suprema Corte

Tras la decisión judicial, la FGR impugnó el amparo y el expediente quedó pendiente de resolución en un tribunal colegiado. Paralelamente, solicitó a la SCJN atraer el caso, argumentando que el litigio representa un asunto de interés nacional y de gran trascendencia jurídica.

Con la decisión del Pleno de ejercer la facultad de atracción, la Corte será la encargada de emitir una sentencia definitiva que pondrá fin a años de disputas y recursos legales.

Relevancia del caso en el contexto jurídico y social

El litigio por los terrenos de Santa Fe es considerado emblemático porque enfrenta a la autoridad federal contra corporaciones inmobiliarias en una zona de alto valor económico y urbanístico.

Más allá de la propiedad de los predios, el caso toca temas sensibles como la validez de decretos presidenciales de distintas épocas, el alcance de la desincorporación de bienes federales y la correcta aplicación de la Ley de Bienes Nacionales.

Además, la resolución de la Corte sentará un precedente importante para futuras disputas relacionadas con terrenos federales y su aprovechamiento privado.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el caso de los terrenos de Santa Fe abre un nuevo capítulo en un litigio que ya acumula cinco años. La sentencia que emita el máximo tribunal no solo definirá la propiedad de los predios, sino que también tendrá implicaciones en la forma en que el Estado y los particulares disputan bienes de alto valor en México.

El fallo será clave para determinar el peso jurídico de los decretos históricos frente a los más recientes, así como para marcar los límites de las facultades de la FGR en casos donde se cruzan acusaciones de delincuencia organizada con la defensa de la propiedad privada.