El año 2024 será recordado como un momento crítico para la democracia en México. Con el llamado Plan C, presentado en febrero por el expresidente López Obrador, se establecieron reformas constitucionales que han puesto en jaque la independencia judicial, la democracia constitucional y el equilibrio de poderes.
Mientras algunos descartaban estas reformas como una jugada electoral más, los acontecimientos demostraron que se trataba de un cambio profundo de régimen. Uno de los elementos más controvertidos fue la reforma al Poder Judicial, cuyo impacto no solo ha sido devastador, sino que amenaza con extender sus consecuencias en los años venideros.
La tómbola judicial: Un símbolo del desmantelamiento institucional
Entre las medidas más criticadas estuvo la «tómbola judicial«, un mecanismo que literalmente dejó en manos del azar el destino de jueces y magistrados. Este sistema definió quién dejará su puesto en 2025 y quién en 2027, marcando el inicio de una purga en la judicatura federal que culminará con la eliminación de jueces experimentados en favor de perfiles con dudosa independencia.
Además, los comités encargados de evaluar a los nuevos aspirantes al Poder Judicial han sido capturados por intereses partidistas, en su mayoría afines a Morena. Estas decisiones han permitido que las listas de candidatos incluyan perfiles sin experiencia o con fuertes compromisos políticos, debilitando aún más la confianza en la justicia.
2025: El año de las elecciones judiciales y la inseguridad democrática
El panorama no mejora. En 2025, México enfrentará un proceso electoral judicial sin precedentes. La autoridad electoral, sin los recursos necesarios para organizar y supervisar adecuadamente las elecciones, enfrentará retos logísticos monumentales.
Además, una reforma reciente ha abierto la puerta a un mercado negro electoral, donde actores como grandes corporaciones o incluso el crimen organizado podrán influir directamente en la elección de jueces. Esto podría derivar en campañas plagadas de irregularidades, baja participación ciudadana y jueces electos con un mínimo respaldo democrático.
Un futuro oscuro para el Poder Judicial
A partir de 2025, se espera que perfiles políticamente comprometidos y con poca experiencia tomen las riendas del Poder Judicial. La reforma ha garantizado que Morena y sus aliados tengan control sobre los procesos de selección, facilitando la llegada de jueces que deben su posición al partido y no a su mérito profesional.
El panorama es aún más sombrío con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, cuya misión será supervisar y sancionar a los jueces que se atrevan a tomar decisiones contrarias a los intereses del partido en el poder. La amenaza constante de represalias impedirá que los jueces actúen con verdadera independencia.
¿Es 2024 el peor Año o el Inicio de algo peor?
Aunque 2024 ha sido catastrófico para la independencia judicial, es solo el comienzo de una transformación aún más preocupante. En los próximos años, el desmantelamiento de las instituciones judiciales alcanzará nuevos niveles, consolidando un sistema donde la justicia estará subordinada a intereses partidistas.
Este proceso no solo erosiona la democracia, sino que también despoja a los ciudadanos de una de las pocas herramientas de control y equilibrio frente al poder Ejecutivo.
Un llamado a la reflexión y la crítica
El reto que enfrenta México es monumental, y la única manera de resistir este cambio es mediante la crítica honesta y el compromiso ciudadano. La historia aún está por escribirse, pero el rumbo que ha tomado la independencia judicial en 2024 será difícil de revertir sin una movilización colectiva.
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