El 20 de marzo de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que marca el inicio del desmantelamiento del Departamento de Educación. Esta medida busca transferir las competencias educativas a los estados, cumpliendo una promesa de campaña largamente defendida por sectores conservadores.
Un paso hacia la descentralización educativa
Durante años, Trump y sus seguidores han argumentado que el control federal sobre la educación limita la capacidad de los estados para adaptar sus sistemas educativos a las necesidades locales. En palabras del presidente: “Vamos a cerrarlo y cerrarlo lo más rápido posible. No nos está haciendo ningún bien. Vamos a devolver la educación a los estados”.
Reacciones encontradas ante la decisión
La orden ejecutiva ha generado una ola de reacciones. Mientras que algunos aplauden la medida como un paso hacia la autonomía estatal, otros expresan preocupación por el futuro de programas esenciales. Por ejemplo, el Departamento de Educación gestiona aproximadamente $1.5 billones en deudas por préstamos estudiantiles de más de 40 millones de prestatarios. Además, supervisa la Beca Pell, que proporciona ayuda a estudiantes de bajos ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).
Impacto en programas federales y estudiantes vulnerables
La eliminación del Departamento podría afectar directamente a programas que dependen de financiamiento federal, como la educación especial. Miles de estudiantes en distritos como Dallas y Fort Worth reciben apoyo a través de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). Sin estos fondos, los distritos tendrían que asumir estos costos o reducir los servicios, afectando a estudiantes con necesidades especiales.
Desafíos legales y futuros inciertos
Aunque la orden ejecutiva de Trump es un paso significativo, el cierre completo del Departamento de Educación requiere la aprobación del Congreso. Expertos legales señalan que desmantelar una agencia federal sin el consentimiento legislativo es un terreno legal complejo y sin precedentes. Además, la medida enfrenta la oposición de sindicatos de docentes y defensores de la educación, que argumentan que podría exacerbar las desigualdades educativas y perjudicar a las comunidades más vulnerables.
La visión de los estados y el futuro de la educación
Mientras tanto, algunos gobernadores y líderes estatales ven la medida como una oportunidad para reformar sus sistemas educativos. Sin embargo, la capacidad de cada estado para asumir responsabilidades adicionales varía, y existe preocupación sobre cómo garantizar una educación de calidad uniforme en todo el país sin la supervisión federal.
Un cambio histórico con consecuencias inciertas
La decisión de desmantelar el Departamento de Educación representa un cambio histórico en la política educativa de Estados Unidos. Mientras que la transferencia de poder a los estados podría fomentar la innovación y la adaptación local, también plantea preguntas sobre la equidad, la financiación y la calidad educativa. El país observa atentamente cómo se desarrollarán estos cambios y cuál será el impacto real en los estudiantes y educadores en los próximos años.
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