El 15 de marzo, Kilmar Armando Abrego García fue deportado por error a El Salvador, a pesar de contar con protección judicial en Estados Unidos desde 2019. Su historia, lejos de ser un caso aislado, se ha convertido en un símbolo del pulso entre las instituciones estadounidenses y la política migratoria de Donald Trump.
Kilmar, un joven salvadoreño que llegó a EE.UU. huyendo de las pandillas a los 16 años, construyó una vida en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos. Uno de ellos, además, vive con una discapacidad. Su situación legal había sido resuelta: un juez le concedió protección contra la deportación, consciente del peligro que representaba su regreso a El Salvador.
Una detención sin pruebas y una deportación sin juicio
Pero el 15 de marzo, mientras esperaba trabajo frente a una tienda de Home Depot, Kilmar fue detenido por agentes del ICE, acusado sin pruebas de pertenecer a la MS-13. Nunca fue procesado ni se le presentaron cargos. Sin embargo, fue incluido en un grupo de deportados que, según la Administración Trump, estaban vinculados a organizaciones criminales.
Estos 23 salvadoreños, junto con 238 venezolanos, fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele. La megacárcel ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones inhumanas que enfrentan los presos.
El fallo judicial que el Gobierno ignoró
El 4 de abril, la jueza Paula Xinis ordenó el retorno inmediato de Kilmar a Estados Unidos, calificando su deportación como “un acto ilegal”. Sin embargo, el Gobierno de Trump se negó a cumplir la orden, argumentando que no puede obligarse al Ejecutivo a intervenir directamente con un Estado extranjero.
“Es constitucionalmente intolerable”, dijeron los abogados del Gobierno en una apelación que ha encendido aún más el debate. Mientras tanto, la defensa de Kilmar tiene hasta el domingo para responder formalmente.
Una estrategia de impunidad
La jueza Xinis no fue la única en pronunciarse. Otro magistrado, James Boasberg, denunció que el Ejecutivo actuó “de mala fe”, permitiendo que los aviones con los deportados aterrizaran en El Salvador pese a la orden de regresar.
El abogado de la familia, Simon Sandoval-Moshenberg, ha sido tajante: “No se han dado pasos reales para corregirlo”. Ni diplomacia ni acciones concretas. Solo conferencias de prensa.
Más allá del caso: ¿quién protege a los protegidos?
La historia de Kilmar no es solo un fallo administrativo. Es un caso que expone el alcance real del poder judicial frente al Ejecutivo. ¿Qué valor tienen las órdenes de un juez si el Gobierno puede ignorarlas?
Decenas de personas han salido a manifestarse con la esposa de Kilmar en Maryland. Mientras tanto, el joven permanece encerrado en una prisión salvadoreña, víctima de una política migratoria que parece premiar la arbitrariedad y castigar la humanidad.
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