El 4 de abril, la Casa Blanca ordenó el retiro de 600 tropas estadounidenses en Siria. La medida, presentada como un paso hacia la “reorientación estratégica global”, fue criticada por expertos militares que advierten un posible resurgimiento del Estado Islámico y un vacío de poder que podría beneficiar a Irán y Rusia.
Un comandante en servicio activo, bajo anonimato, declaró: “Estamos abandonando aliados clave en una región que aún necesita estabilidad”. En el Congreso, incluso miembros del Partido Republicano alzaron la voz contra la medida.
Tensiones con universidades: Harvard en el ojo del huracán
Abril también fue testigo del deterioro entre el gobierno y el mundo académico. La administración Trump abrió una investigación federal contra Harvard, acusándola de “prácticas discriminatorias y mal uso de fondos públicos”. Al mismo tiempo, se vivieron protestas estudiantiles en más de 50 universidades del país contra los recortes en programas de diversidad y las políticas migratorias.
Desde la Casa Blanca, el mensaje fue claro: “Las universidades no están por encima de la ley”. Sin embargo, académicos acusan persecución política y un intento por silenciar voces críticas.
Congelación de contrataciones federales: impacto y reacciones
El 10 de abril, se anunció la congelación de contrataciones civiles federales. El Departamento de Defensa y otras agencias clave advirtieron que esta decisión podría retrasar proyectos cruciales en infraestructura, ciencia y salud pública.
Aunque la medida busca “reducir el gasto y optimizar recursos”, sindicatos y trabajadores denuncian que se trata de un golpe directo al servicio público.
Musk, DOGE y el control de agencias
Elon Musk, líder del llamado Departamento de Gobernanza Estratégica (DOGE), ha sido objeto de críticas por su creciente influencia. Bajo su supervisión, agencias como el Instituto de Paz han sufrido recortes y cambios estructurales. Analistas alertan sobre una “tecnocratización sin control democrático”.
ONGs en la mira: ¿represalia política?
Finalmente, se anunció que se revisará el estatus fiscal de varias ONGs que han criticado abiertamente la gestión de Trump. Aunque el gobierno afirma que se trata de auditorías rutinarias, muchas organizaciones ven un intento de intimidación.
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