La retención ilegal de 57 miembros del Ejército en El Tambo, Cauca, por la estructura «Carlos Patiño» de las disidencias de las FARC, ha desatado una grave crisis de seguridad y ha expuesto una fractura en la cúpula del gobierno colombiano sobre cómo responder.
El departamento del Cauca, uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia, es nuevamente el escenario de una grave crisis de seguridad que pone a prueba la política de «Paz Total» del gobierno de Gustavo Petro. Al menos 57 militares, incluyendo 4 suboficiales y 53 soldados, fueron secuestrados en la vereda La Hacienda, del municipio de El Tambo, en una acción que el gobierno ha atribuido directamente a la estructura disidente «Carlos Patiño» de las antiguas FARC. El hecho no solo representa una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino que ha revelado una profunda división estratégica en el corazón del Ejecutivo.
Alerta Máxima en El Tambo: Un Secuestro que Desafía al Estado
El secuestro masivo es la culminación de una escalada de violencia en la región, donde las disidencias al mando de alias «Iván Mordisco» han abandonado los diálogos de paz y recrudecido sus ataques. Según denuncias del Ejército y del propio Ministerio de Defensa, el grupo armado está «instrumentalizando» a las comunidades locales, usándolas como escudos humanos para obstruir las operaciones de la Fuerza Pública en el suroccidente del país.
Esta táctica pone a la población civil en una situación de riesgo extremo, atrapada entre las amenazas de los grupos ilegales y la necesaria respuesta del Estado. Organismos como la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) ya se encuentran en la zona buscando mediar para lograr la liberación de los uniformados.
La Doble Cara de la Respuesta: ¿Mano Dura o Diálogo?
La reacción del gobierno a la crisis ha sido notablemente dual, exponiendo una fisura en la estrategia de seguridad nacional. Por un lado, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, adoptó una postura de mano dura, calificando el hecho como un «crimen» y un «secuestro» que viola el DIH.
«Rechazo con total contundencia el secuestro de estos 57 militares», declaró Sánchez, anunciando que ya existen órdenes de captura en curso y ofreciendo millonarias recompensas por los cabecillas de la estructura responsable. Enfatizó que la misión del Ministerio «no es negociar con criminales, es desmantelarlos» hasta que sean capturados o abatidos.
En un giro completamente diferente, el Presidente Gustavo Petro dirigió su mensaje no a los criminales, sino a las comunidades campesinas implicadas en la retención. Su enfoque fue político y de diálogo, buscando separar a la población civil de los actores armados.
«Le solicito al campesinado de La Hacienda, El Tambo, Cauca, dejar de creer en actores armados que obedecen a extranjeros. El diálogo con el campesinado está abierto para transitar a economías lícitas. Los violentos quieren que golpeemos al pueblo, para tener la excusa»: Presidente Gustavo Petro, vía X.
Estas dos respuestas no son complementarias; representan dos filosofías fundamentalmente opuestas para enfrentar la misma crisis. Mientras el Ministerio de Defensa invoca la doctrina militar tradicional de confrontación directa, el Presidente insiste en su política de «Paz Total», que prioriza el diálogo con las comunidades para desmantelar las bases sociales de los grupos armados.
Comunidades Atrapadas en el Fuego Cruzado
La estrategia de las disidencias de usar a la población como barrera es una trampa táctica. Saben que una respuesta militar contundente contra las comunidades podría generar un rechazo hacia el Estado, lo que les proporcionaría una victoria propagandística y fortalecería su control territorial. La declaración del presidente Petro, «los violentos quieren que golpeemos al pueblo», reconoce explícitamente esta trampa.
El dilema del gobierno es inmenso: cómo rescatar a sus soldados y afirmar la autoridad del Estado sin causar una tragedia civil que beneficie a los mismos criminales que provocaron la crisis. La situación en El Tambo es, por tanto, mucho más que un secuestro; es un complejo ajedrez estratégico donde las vidas de soldados y campesinos están en juego, y donde se define el futuro de la paz en una de las regiones más convulsas de Colombia.
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