En el corazón de la sierra y la selva peruana, una batalla silenciosa pero brutal se libra cada día. Es la lucha por el oro, y en el centro del conflicto se encuentra un instrumento legal tan polémico como poderoso: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Lo que nació como una solución se ha transformado, para muchos, en el principal motor de una crisis que amenaza la estabilidad social, el medio ambiente y la economía del país.
REINFO: La «Ley Maldita» que Enfrenta a Perú
El REINFO fue creado con el objetivo de incorporar a la legalidad a miles de mineros artesanales y de pequeña escala. Sin embargo, a través de sucesivas prórrogas y una laxa fiscalización, se ha convertido en un escudo que permite a operadores ilegales extraer oro y otros minerales al margen de la ley, evitando responsabilidades ambientales, tributarias y laborales.
Las cifras del problema son abrumadoras:
* Solo en 2024, la minería ilegal movió más de 7 mil millones de dólares en exportaciones, superando a muchas actividades económicas legales.
* La violencia asociada a esta actividad ha cobrado la vida de al menos 39 mineros en el último año, principalmente en zonas de conflicto como Pataz.
Mientras tanto, el Congreso de la República ha sido incapaz de dar una solución. El debate de una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE), que buscaba poner orden en el sector, fue postergado hasta agosto, manteniendo vigente un REINFO que muchos consideran caduco y perjudicial.
Un «Fracaso Total»: El Sector Formal Lanza la Alarma
La paciencia del sector minero formal se ha agotado. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el principal gremio del sector, se retiró de las mesas de diálogo con el gobierno, calificando el proceso de formalización como un «fracaso total».
«La ilegalidad y la informalidad están ganando terreno. Estamos trabajando con grupos de mineros informales que no tienen la más mínima voluntad de formalizarse.» – Miguel Zavala, vocero de Minpro 2025.
La preocupación del sector formal no es solo por la competencia desleal. La inacción del Estado peruano está teniendo consecuencias económicas directas. Los inversionistas, que buscan estabilidad y reglas claras, están comenzando a mirar hacia otros destinos. Un competidor que preocupa especialmente es Argentina, donde el gobierno de Javier Milei está implementando una agresiva política de apertura a las inversiones mineras, ofreciendo condiciones que Perú, enfrascado en su crisis interna, no puede garantizar.
Sospechas en el Congreso y un Futuro Incierto
La parálisis legislativa está teñida de sospechas. Diversos informes de prensa han señalado las «visitas sospechosas» de representantes de mineros informales al Congreso, particularmente a despachos de congresistas clave en la Comisión de Energía y Minas, lo que sugiere una fuerte politización del problema.
La tensión ha llegado al punto de que se ha presentado una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, precisamente por la última ampliación del plazo de inscripción en el REINFO. Mientras la clase política debate, la bomba de tiempo de la minería ilegal sigue corriendo, amenazando con un estallido social de consecuencias impredecibles y dejando a Perú en una posición de creciente debilidad en el competitivo mapa minero mundial.
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