La relación entre Perú y México volvió a tensarse tras el anuncio del gobierno peruano de consultar a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de decidir si otorgará el salvoconducto que permitiría la salida de la ex primera ministra Betssy Chávez.
Refugiada en la embajada de México en Lima, Chávez enfrenta cargos por su presunta participación en el intento fallido del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022. La solicitud de asilo presentada por el gobierno mexicano ha abierto un nuevo capítulo en una disputa diplomática que ya provocó la ruptura de relaciones entre ambos países.
Un conflicto que revive la polémica sobre el asilo político
La Cancillería peruana comunicó que consultará a la OEA con el propósito de revisar y modificar la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático en América Latina. Según el gobierno de Lima, esta convención “ha sido utilizada de manera indebida en los últimos años” al amparar a personas acusadas de delitos comunes bajo el argumento de persecución política.
“El gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención”, señaló el comunicado, insistiendo en que el caso de Chávez no se trata de persecución política, sino de responsabilidad penal por su papel en un intento de golpe institucional.
Mientras tanto, el Ejecutivo mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno actúa en estricto cumplimiento del derecho internacional y negó cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos del Perú.
México defiende el asilo y Perú endurece su postura
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México subrayó que “no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú” y que la protección otorgada a Chávez responde a principios humanitarios y al derecho soberano de conceder asilo político.
Sin embargo, en Lima, la percepción es diferente. Las autoridades peruanas acusan a México de una “constante actitud injerencista”, primero bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la administración de Sheinbaum.
Este episodio profundiza una brecha diplomática que comenzó en 2022, cuando México expresó su apoyo al expresidente Pedro Castillo, detenido tras intentar disolver el Congreso. Desde entonces, la relación bilateral ha transitado entre declaraciones cruzadas, expulsiones diplomáticas y congelamiento de proyectos bilaterales.
Entre la diplomacia y la política interna
La decisión de consultar a la OEA busca darle legitimidad a la posición peruana y, al mismo tiempo, abrir un debate regional sobre los límites del asilo político en casos judiciales. Expertos señalan que esta estrategia también busca apoyo internacional para reforzar la narrativa de que Chávez no es una perseguida política, sino una funcionaria bajo investigación penal.
En contraste, México apela a una larga tradición diplomática que incluye casos históricos como el asilo a políticos chilenos, bolivianos y nicaragüenses. El país mantiene que ninguna nación debe interferir en su política de asilo, considerada un símbolo de su soberanía y respeto a los derechos humanos.
El desenlace del caso podría marcar un precedente sobre cómo América Latina interpreta el asilo en el siglo XXI: ¿protección humanitaria o herramienta política?
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