Pakistán sufre una tormenta política gracias a su presidente Asif Ali Zardari tras firmar una reforma constitucional que le concede inmunidad de por vida frente a procesos penales, extendiendo ese privilegio al jefe del Ejército, Asim Munir. La medida, aprobada entre protestas y con el boicot de la oposición, no solo refuerza el poder del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, sino que reduce la autoridad del Tribunal Supremo, generando alarma sobre un posible giro autoritario en el país.
Una enmienda que cambia el equilibrio del poder
El proyecto de ley fue aprobado esta semana en ambas cámaras del Parlamento paquistaní. En el Senado, 64 votos a favor y solo 4 en contra bastaron para consagrar la enmienda, mientras los legisladores opositores abandonaban la sesión entre gritos de “inaceptable destrucción de la Constitución”.
La nueva reforma constitucional introduce cambios sin precedentes. Por un lado, garantiza inmunidad vitalicia al presidente, blindándolo ante cualquier causa penal pasada, presente o futura. Por otro, extiende ese beneficio al jefe de las Fuerzas Armadas, quien ahora también asumirá el mando de la Armada y la Fuerza Aérea, concentrando un poder sin precedentes bajo el nuevo título de “jefe de las Fuerzas de Defensa”.
Los críticos aseguran que esta estructura fusiona el poder político y militar, debilitando el sistema de contrapesos institucionales que caracteriza a una república parlamentaria.
Creación de un nuevo Tribunal Constitucional Federal
Otra de las piezas centrales de la reforma es la creación del Tribunal Constitucional Federal, una nueva instancia que absorberá las competencias del Tribunal Supremo en materia de interpretación constitucional.
Este tribunal, cuyos jueces serán designados directamente por el Ejecutivo, investigará los casos relacionados con la Constitución, un papel que históricamente ha desempeñado la Corte Suprema. Según los analistas, esta maniobra busca neutralizar la independencia judicial, especialmente tras los años recientes en los que el Supremo bloqueó políticas gubernamentales y destituyó a primeros ministros.
Para los defensores del cambio, el nuevo tribunal busca “modernizar y agilizar” los procesos legales; para los detractores, representa un ataque directo a la división de poderes y un intento de consolidar un régimen híbrido entre lo civil y lo militar.
Una reforma con implicaciones políticas y militares
El paquete legislativo no se limita al ámbito civil. Un proyecto complementario presentado en la Asamblea Nacional también modifica la Ley del Ejército, estableciendo que el mandato del jefe militar será de cinco años, contados desde su nombramiento como jefe de las Fuerzas de Defensa.
Esta medida consolida aún más el control del estamento militar sobre las instituciones del país, en un contexto donde las Fuerzas Armadas ya ejercen un papel determinante en la política paquistaní.
Expertos consultados por medios locales advierten que esta alianza entre el poder político y militar podría alterar de forma duradera el funcionamiento del Estado. Pakistán, que ha oscilado históricamente entre gobiernos civiles y militares, se enfrenta ahora a una forma de autoritarismo legalizado, disfrazado bajo una reforma constitucional aprobada democráticamente.
Reacciones y temores sobre el futuro democrático de Pakistán
Organizaciones de derechos humanos y líderes opositores han calificado la enmienda como un “golpe silencioso” a la democracia. Para ellos, otorgar inmunidad vitalicia a las más altas autoridades equivale a consagrar la impunidad y erosionar la rendición de cuentas.
Mientras tanto, los partidarios del presidente Zardari defienden la medida como una garantía de estabilidad institucional en un país golpeado por crisis políticas recurrentes y tensiones internas. Según esta visión, blindar a los líderes clave permitiría evitar juicios motivados políticamente y asegurar la continuidad del gobierno.
Sin embargo, la comunidad internacional observa con preocupación estos movimientos. La concentración de poder en manos del Ejecutivo y el Ejército podría debilitar la democracia paquistaní, ya frágil por décadas de intervenciones militares, corrupción y conflictos internos.
Pakistán ante un nuevo escenario de poder
La firma del decreto por parte del presidente Zardari marca un antes y un después en la historia política reciente de Pakistán. Lo que para algunos es una reforma necesaria para mantener la gobernabilidad, para otros es la institucionalización de la impunidad y el autoritarismo.
El futuro del país dependerá de si esta reforma logra traer la estabilidad prometida o si, por el contrario, abre una nueva etapa de conflicto político y judicial. Lo cierto es que, con esta decisión, Pakistán se adentra en un terreno inexplorado donde el poder civil y militar se fusionan bajo una Constitución reescrita a medida de sus dirigentes.
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