Era viernes por la tarde en Yakarta cuando Affan Kurniawan, un joven conductor de transporte de 21 años, salía a completar un pedido. Jamás imaginó que terminaría siendo una de las víctimas mortales de las protestas en Indonesia.
Su historia, contada por testigos, refleja el rostro humano detrás de los números: seis muertos, cientos de heridos y más de mil detenidos. La ONU no tardó en pronunciarse, exigiendo investigaciones exhaustivas y justicia para quienes perdieron la vida en medio del caos.
ONU exige justicia y respeto a los derechos humanos
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, declaró que las fuerzas de seguridad indonesias deben cumplir con estándares internacionales en el uso de la fuerza.
La organización subrayó que es fundamental proteger la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión y garantizar que los medios de comunicación puedan informar sin censura ni intimidación.
Causas de la indignación: subsidios y desigualdad
Las manifestaciones en Indonesia no surgieron de la nada. La chispa fue el descubrimiento de que los 580 legisladores reciben un subsidio de vivienda de 50 millones de rupias, casi diez veces el salario mínimo en Yakarta.
En un país donde los costos de vida aumentan, el desempleo golpea fuerte y los impuestos asfixian a las familias, el privilegio parlamentario fue visto como una afrenta a la población.
Protestas y violencia: de Yakarta a Makassar
Los enfrentamientos iniciaron en la capital, pero pronto se extendieron a otras ciudades. Edificios gubernamentales incendiados, saqueos y gases lacrimógenos marcaron cinco días de violencia.
En Makassar, tres personas murieron atrapadas en un incendio del parlamento local. En Yogyakarta, un estudiante perdió la vida en choques con la policía. En Solo, un conductor de bicitaxi de 60 años falleció por la exposición a gases lacrimógenos.
La respuesta del gobierno de Prabowo Subianto
El presidente Prabowo Subianto calificó a los manifestantes violentos como “alborotadores” y ordenó a las fuerzas de seguridad “actuar con la mayor firmeza posible”. Canceló incluso un viaje oficial a China para enfrentar la crisis.
Tras la presión social, Subianto anunció la reducción de privilegios legislativos, incluido el polémico subsidio, y ordenó investigar a siete agentes implicados en muertes durante las protestas.
Frustración social y futuro incierto
Los analistas coinciden en que la violencia refleja la frustración de la población ante una economía que no cumple las promesas. Subianto prometió un crecimiento del 8% en cinco años, pero los cálculos apuntan a apenas un 4,8% hasta 2027.
En este contexto, la demanda ciudadana es clara: menos privilegios para políticos y más justicia social.
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