La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo la OEA, documentó en su informe anual una serie de acciones sistemáticas que demuestran la consolidación del terrorismo de Estado en Venezuela. Según el extenso dossier de más de mil páginas, el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado “la represión institucional y el miedo como herramientas para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
Un Estado secuestrado para reprimir
El documento afirma que existe una “cooptación total de las instituciones estatales”, utilizadas como instrumentos para eliminar cualquier oposición política. Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 —calificadas como fraudulentas— fueron el epicentro de una operación represiva dividida en tres fases: antes, durante y después del proceso electoral.
La CIDH acusa al régimen de emplear ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas como parte de esta estrategia. “Se buscó infundir terror en la ciudadanía, silenciar voces disidentes y evitar una contienda electoral libre”, concluye el informe.
¿Quiénes perpetran el terror?
Los responsables de la violencia estatal están identificados: el SEBIN, la DGCIM, la PNB, y los temidos colectivos chavistas. Estos últimos, grupos armados no estatales, actuaron con total impunidad en la represión de al menos 300 protestas pacíficas que estallaron tras el anuncio de los resultados electorales.
Las víctimas caen por balas al cuello, al tórax, a la cabeza. El terror se convierte en política pública, no solo en las calles, sino también en las redes sociales, donde Maduro advirtió que habría un “baño de sangre” si la oposición ganaba.
Corrupción a gran escala
El informe también denuncia una corrupción estructural que garantiza la impunidad del aparato represivo. Las instituciones diseñadas para proteger los derechos humanos han sido “tomadas” por el oficialismo, y hoy sirven para recaudar rentas ilícitas y favorecer la represión.
Silenciar la verdad: ataque a la prensa
El periodismo libre en Venezuela también está bajo ataque. La CIDH documenta detenciones, allanamientos, censura, expulsión de corresponsales internacionales y uso de la llamada “Ley contra el Odio” para criminalizar a reporteros.
Los periodistas enfrentan acusaciones sin pruebas por “terrorismo”, “asociación ilícita” o “instigación pública”. En 2024, el régimen llevó a cabo una serie de operativos que cerraron medios independientes y generaron un clima de temor entre los comunicadores.
Prisiones paralelas y violaciones sistemáticas
La situación carcelaria es otro frente crítico. Venezuela mantiene dos sistemas penitenciarios paralelos, con más de 58,000 personas detenidas en condiciones deplorables. El hacinamiento, la corrupción, la falta de cifras oficiales y la tortura sistemática son parte del diagnóstico. Ni siquiera en prisión hay garantías judiciales.
Un futuro incierto
A pesar de la contundencia del informe, el régimen de Maduro no emitió comentarios tras recibir el documento. El silencio oficial contrasta con los testimonios de miles de víctimas que, dentro y fuera del país, siguen denunciando los abusos.
El terrorismo de Estado ya no es una acusación retórica: es una realidad documentada y sistemática que carcome la democracia venezolana desde sus cimientos. Y mientras tanto, ciudadanos como Ángela y su sobrino siguen esperando justicia.
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