Con fusiles en mano y el rostro cubierto, cinco militares detuvieron a Dave Loor, un joven albañil de 21 años, mientras se dirigía a una tienda en la provincia costera de Los Ríos. Desde aquel día de agosto de 2024, su familia no volvió a verlo. Más de un año después, su desaparición forma parte de las 43 denuncias documentadas por Amnistía Internacional (AI) sobre desapariciones forzadas a manos de agentes estatales en Ecuador.

El caso de Loor simboliza el creciente riesgo que enfrentan los civiles en medio del despliegue militar ordenado por el presidente Daniel Noboa, quien desde 2023 implementó una política de mano dura para combatir al crimen organizado. Sin embargo, los informes de abusos por parte de las fuerzas armadas y policiales se han multiplicado, despertando preocupación dentro y fuera del país.

Una familia que no se rinde

El 24 de agosto de 2024, Dave Loor llamó por última vez a su madre para avisarle que estaba con un amigo. Horas después, un video grabado por testigos lo mostró con las manos en alto mientras militares lo revisaban y lo golpeaban antes de subirlo a una camioneta. Según el reporte oficial, no le hallaron armas ni drogas. Desde entonces, no hay rastro de su paradero.

“Nosotros sobrevivimos, lo nuestro es buscar porque no sabemos qué pasó”, relató Diana Roca, tía del joven, entre lágrimas. Su voz representa a decenas de familias ecuatorianas que enfrentan la incertidumbre y el dolor de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos.

Roca responsabiliza directamente al gobierno de Noboa por las políticas que llevaron a los militares a las calles bajo el amparo de los estados de excepción. “Si el presidente no hubiera mandado al ejército, no seríamos 43 familias viviendo en esta zozobra”, aseguró.

Militarización y denuncias en aumento

La ofensiva militar no logró frenar la violencia que asola al país. Las bandas criminales continúan operando con brutalidad, y Ecuador se ha convertido en uno de los países más peligrosos de América Latina. Mientras tanto, las denuncias por violaciones a los derechos humanos se dispararon.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las ejecuciones extrajudiciales pasaron de seis casos en 2023 a 19 en 2024, mientras que las quejas por abusos de autoridad aumentaron 125% tras la declaración del “conflicto armado interno”.

Amnistía Internacional señala que los abusos sistemáticos no son hechos aislados, sino consecuencias de un modelo de seguridad que coloca a las fuerzas armadas en tareas para las que no están capacitadas: patrullajes urbanos, control de cárceles y detenciones civiles.

El riesgo de convertir al ejército en fuerza policial

La experta en seguridad Michelle Maffei advirtió que el ejército ecuatoriano no está entrenado para la protección civil, sino para enfrentar enemigos en contextos bélicos, lo que incrementa el riesgo de abusos. “Cuando los soldados asumen labores que no les corresponden, los errores se vuelven tragedias. Las comunidades más pobres son las más afectadas”, explicó.

Maffei también señaló un factor preocupante: el descontento interno en las tropas, que se enfrentan a presiones políticas y exigencias de resultados. Militares consultados por la AFP bajo anonimato reconocieron que hay amenazas de sanciones o pérdida de beneficios si no se logran los objetivos establecidos por el gobierno.

El paralelismo con el caso colombiano de los “falsos positivos” —donde más de 6,400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos— ha comenzado a mencionarse con frecuencia entre analistas y activistas de derechos humanos.

“Son detenciones arbitrarias de personas que no eran peligrosas”

Para Billy Navarrete, director de una organización local de derechos humanos, el incremento en las desapariciones forzadas tiene un carácter inédito en Ecuador. “Estamos viendo detenciones arbitrarias de jóvenes sin antecedentes, campesinos y trabajadores, personas que no representaban peligro alguno”, declaró.

Navarrete advierte que la impunidad y la falta de transparencia en las investigaciones oficiales agravan la crisis, ya que la mayoría de los casos no llega a los tribunales ni se esclarece el paradero de las víctimas. “El Estado no puede justificar estos abusos en nombre de la seguridad”, enfatizó.

Un país que busca justicia entre la incertidumbre

Mientras las familias de los desaparecidos marchan y buscan en los campos, los ríos y las morgues, la sociedad ecuatoriana enfrenta un dilema: cómo equilibrar la lucha contra el crimen con la defensa de los derechos humanos.

Para las Madres Buscadoras y colectivos de víctimas, la búsqueda se ha convertido en un acto de resistencia y amor, un grito que exige al Estado que cumpla su obligación de proteger, no de desaparecer.

“Lo nuestro es buscar”, repiten las familias como un mantra. Pero detrás de esas palabras hay rabia, miedo y esperanza. Rabia por la impunidad, miedo por la represión y esperanza de que algún día la verdad salga a la luz.

En un país donde la violencia no cesa y el silencio se impone, la voz de las víctimas se levanta como un recordatorio: ningún Estado puede construir seguridad sobre los cimientos del dolor y la desaparición.