En Jerusalén, las luces del Parlamento israelí permanecieron encendidas hasta altas horas de la noche. Afuera, el eco de las protestas resonaba entre los muros antiguos. Dentro, los legisladores votaban una medida que podría marcar un punto de inflexión histórico: imponer la pena de muerte a palestinos acusados de terrorismo.
El proyecto, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fue aprobado en su primera lectura con 39 votos a favor y 16 en contra. Aunque todavía debe superar otras dos rondas legislativas, la propuesta ha generado un intenso debate ético y político tanto dentro como fuera de Israel.
“Así es como combatimos el terror”, declaró Ben-Gvir tras la votación. “Cuando esta ley se apruebe definitivamente, los terroristas sólo serán liberados para ir al infierno”.
Para el ministro ultraderechista, la medida busca crear disuasión ante nuevos ataques como el asalto liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1,200 israelíes muertos y provocó una ofensiva militar que ha cobrado la vida de casi 70,000 palestinos.
Reacciones divididas: entre la seguridad y los derechos humanos
La respuesta internacional no se hizo esperar. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) calificó la propuesta como un “crimen político y humanitario”, mientras que Amnistía Internacional advirtió que su aprobación “afianzaría la discriminación sistémica contra los palestinos”.
Incluso dentro de Israel, la iniciativa divide. El líder opositor Yair Lapid anunció su rechazo, afirmando que la ley “no detendrá el terror, pero sí dañará la imagen democrática de Israel ante el mundo”.
Israel abolió la pena de muerte en 1954, y desde entonces sólo ha ejecutado a una persona tras un juicio civil: Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, en 1962. Reinstaurar este castigo representaría un cambio drástico en la política judicial del país.
Contexto político: Ben-Gvir y la expansión del control interno
La propuesta de pena de muerte no llega sola. Ben-Gvir también promueve una ley para castigar la “instigación al terrorismo”, que permitiría a la policía iniciar investigaciones sin autorización del fiscal general.
Según un informe de Haaretz, el 96% de los casos abiertos bajo la ley antiterrorista se dirigieron contra ciudadanos árabes, lo que refuerza las críticas de sesgo y persecución étnica.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia del actual gobierno israelí, caracterizada por el endurecimiento del discurso nacionalista y religioso. En medio de una tregua frágil en Gaza —ya violada más de 280 veces según reportes locales—, el debate sobre la justicia se mezcla con una narrativa de venganza y seguridad nacional.
Un espejo del conflicto: justicia o venganza
En el fondo, la ley propuesta no sólo plantea un dilema jurídico, sino una pregunta moral profunda: ¿puede un Estado que busca la paz recurrir a la pena de muerte como solución?
La historia reciente de Israel demuestra que cada acto de violencia genera otro en respuesta. Para muchos, esta legislación representa una escalada más que una solución, un intento de mostrar fuerza ante una sociedad herida y polarizada.
Entre los muros de la Knesset y las ruinas de Gaza, la línea entre justicia y venganza se vuelve cada vez más difusa.
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