A un año de su aprobación, la ley de amnistía catalana no beneficia a Puigdemont ni Junqueras por malversación, según el Supremo. Se espera fallo del Constitucional. Los hechos.
Al cumplirse un año de la aprobación definitiva de la ley de amnistía para los implicados en el «procés» independentista catalán, sus principales figuras políticas, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, continúan sin beneficiarse de ella. La interpretación restrictiva del Tribunal Supremo sobre el delito de malversación mantiene el bloqueo, mientras crece la tensión política y se espera un crucial pronunciamiento del Tribunal Constitucional a finales de junio.
El 30 de mayo de 2024, el Congreso de los Diputados de España otorgó la luz verde definitiva a la ley de amnistía, una medida concebida para cerrar las heridas legales derivadas del referéndum de independencia de Cataluña de 2017 y los eventos subsiguientes. Un año después, el panorama dista mucho de la normalización esperada por sus impulsores: las figuras más prominentes del independentismo siguen atrapadas en un limbo legal, y la aplicación de la ley se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre los poderes político y judicial.
Líderes Afectados y la Barrera de la Malversación
Nombres clave del «procés» como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa no han visto extinguida su responsabilidad penal. Para los exiliados Toni Comín y Lluís Puig, las órdenes de detención españolas siguen vigentes.
La razón fundamental de este bloqueo reside en la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho del delito de malversación de caudales públicos. Los magistrados del alto tribunal consideran que la amnistía, tal como está redactada, no cubre los casos de malversación cuando esta ha supuesto un beneficio patrimonial, aunque este no sea un enriquecimiento personal directo. El Supremo argumenta que el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal y promover un proyecto político inconstitucional constituyó un beneficio para sus impulsores, al permitirles avanzar en sus objetivos utilizando recursos públicos de manera indebida. Esta interpretación ha impedido el retorno definitivo de Puigdemont a Cataluña y mantiene las inhabilitaciones para cargo público de Junqueras y otros condenados.
Reacciones Políticas: Frustración y Acusaciones
La no aplicación de la amnistía a estos líderes ha exacerbado las tensiones políticas. Los partidos independentistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), coinciden en señalar a la judicatura como responsable del bloqueo.
* Jordi Turull (Junts), secretario general de Junts y uno de los afectados, ha calificado de «muy improbable» que la ley se le aplique incluso después del esperado fallo del Tribunal Constitucional a finales de junio. Turull predice que la resistencia de ciertos sectores judiciales persistirá hasta que un tribunal europeo se pronuncie, aunque sigue considerando la amnistía como una «muy buena ley» y un «reconocimiento de la represión». Carles Puigdemont, desde Bélgica, ha criticado la decisión del Supremo como un «desafío al poder legislativo» y una «rabieta» de jueces que discrepan con la ley.
* Gabriel Rufián (ERC), portavoz de ERC en el Congreso, ha descrito el año transcurrido como una «gran victoria política» por la aprobación de la ley, pero un «fracaso judicial» en su aplicación. Rufián ha llegado a afirmar que «parte del Estado español y de la judicatura está podrida», acusando a los jueces de actuar contra las instituciones democráticas por no compartir sus ideas y vaticinando que la solución definitiva vendrá de instancias «internacionales y europeas».
Desde el ámbito gubernamental y sus socios:
* El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (PSC), ha pedido la implementación de la amnistía, lamentando que haya transcurrido un año sin que sea efectiva «desde el primer día». Illa ha defendido la ley como «buena» y ha criticado «la obstinación de algunos en negar la realidad».
* Jaume Asens (Comuns), negociador de la ley, ha ofrecido una valoración negativa del primer año, calificándolo de «incumplimiento» por parte de jueces que «desobedecen la voluntad de las urnas».
En el otro extremo del espectro político, los partidos de la derecha española, Vox y Partido Popular (PP), continúan describiendo la amnistía como el «mayor acto de corrupción política», una concesión ilegítima de Pedro Sánchez a los independentistas a cambio de sus votos para mantenerse en el poder.
«Un año de incumplimiento en el que los jueces están desobedeciendo la voluntad de las urnas.» – Jaume Asens, Comuns Sumar, sobre la aplicación de la ley de amnistía.
El Crucial Papel del Tribunal Constitucional
Todas las miradas están puestas ahora en el Tribunal Constitucional (TC), que tiene previsto celebrar un pleno monográfico entre el 24 y el 26 de junio para pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley de amnistía. Se espera, según diversas fuentes, que el TC avale la constitucionalidad de la norma por una mayoría de seis votos progresistas frente a cuatro conservadores (de los diez magistrados que deliberarán, tras una recusación y una abstención).
Sin embargo, un aval del Constitucional a la ley en general no resolvería automáticamente la situación de Puigdemont y los otros líderes afectados por la interpretación del Supremo sobre la malversación. El TC podría validar la ley en su conjunto, pero la aplicación caso por caso seguiría dependiendo de los tribunales ordinarios, principalmente del Supremo, que ya ha fijado su criterio. Esto podría abrir la puerta a nuevas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o a recursos individuales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), prolongando la saga judicial.
La cifra exacta de beneficiarios de la amnistía ha sido objeto de debate. Las estimaciones iniciales variaban desde los 300 calculados por los socialistas hasta los 1,500 de la organización Òmnium Cultural. Junts sostiene que la redacción final de la ley podría amparar a entre 150 y 200 personas más que el borrador original , mientras que otras fuentes, como la BBC, hablan de cerca de 400 implicados desde noviembre de 2011.
Este primer aniversario de la ley de amnistía evidencia que, lejos de cerrar un capítulo, la medida ha abierto nuevas complejidades jurídicas y ha puesto de manifiesto las profundas divisiones que persisten en la sociedad y la política españolas respecto a la cuestión catalana. La «desjudicialización» del conflicto que se pretendía parece haberse transformado en una nueva fase de litigios en las más altas instancias, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro político de Cataluña y de sus líderes independentistas.
Síguenos en nuestro perfil de X La Verdad Noticias y mantente al tanto de las noticias más importantes del día.
TE PODRÍA INTERESAR