En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Tecámac, en el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha vinculado a proceso a siete personas implicadas en el asesinato de dos jóvenes internados en el centro de rehabilitación Fundación Rubén Darío A.C.
Los acusados, entre los cuales se encuentran miembros del personal del centro y otros involucrados en la desaparición de las víctimas, enfrentan graves cargos, entre ellos privación de la libertad, desaparición forzada y homicidio.
El caso comenzó a desenmarañarse el pasado 27 de enero, cuando la madre de uno de los jóvenes, L.A.H.G., recibió la noticia de que su hijo había muerto supuestamente debido a una sobredosis de drogas.
Sin embargo, al reconocer el cuerpo de su hijo en la funeraria, descubrió que presentaba evidentes signos de violencia. A partir de ahí, comenzó una investigación que revelaría una red de corrupción y abuso dentro de un centro que se supone debía ayudar a las personas a superar sus adicciones.
La versión oficial de los hechos: Un escape que nunca sucedió
De acuerdo con el relato inicial de los trabajadores de la Fundación Rubén Darío, el joven L.A.H.G. se había escapado del centro de rehabilitación y había sido encontrado inconsciente. Aseguraron que la causa de su muerte fue una sobredosis de anfetaminas y metanfetaminas. Con base en esta versión, el cuerpo fue trasladado a la clínica Doktors y, posteriormente, a la funeraria La Hacienda.
Sin embargo, lo que parecía ser un caso más de sobredosis en un centro de adicciones se convirtió en un enigma cuando la madre de L.A.H.G. observó lesiones evidentes en el cuerpo de su hijo, en el tórax y en las extremidades. Esto la llevó a solicitar la intervención de la Fiscalía, lo que abrió la puerta a una investigación más profunda sobre las circunstancias de su muerte.
Descubrimientos escalofriantes: Violencia y corrupción en el centro de rehabilitación
A medida que las autoridades investigaban más a fondo, comenzaron a descubrir detalles perturbadores. Una segunda víctima, J.R.L.O., también había sido internada en la Fundación Rubén Darío y se encontraba desaparecida.
La madre de este joven también había denunciado que, tras ser amenazada con un arma de fuego, se le impidió ver a su hijo. Los testimonios de ambas familias indicaban que el centro no solo había ignorado sus derechos como familiares, sino que también había empleado tácticas violentas contra los internos.
La investigación de la Fiscalía llevó a la identificación de una embalsamadora clandestina en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec de Morelos, que operaba en colaboración con la funeraria La Hacienda.
Fue en este lugar donde se encontraron pruebas cruciales, como los informes médicos legales que confirmaron que las víctimas habían muerto debido a traumatismos físicos, no a sobredosis como inicialmente se había informado.
Los acusados: ¿Quiénes son los responsables?
Los siete detenidos incluyen a empleados del centro de rehabilitación y personas vinculadas a actividades ilícitas fuera del centro. Entre los acusados se encuentran:
- Diego Gerardo “N”
- Tania Montserrat “N”
- Diego Francisco “N”
- Ricardo Uriel “N”
- Néstor “N”
Estos primeros cinco forman parte del personal del centro y están acusados de privación de la libertad y desaparición forzada. - Carlos “N”
- Ulises “N”
Estos dos últimos están vinculados a la funeraria La Hacienda y a la embalsamadora clandestina, enfrentando cargos por desaparición de personas con el agravante de que las víctimas murieron durante su desaparición.
Consecuencias y medidas tomadas
El juez que lleva el caso ha dictado prisión preventiva para los siete detenidos, y se ha establecido un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Este tiempo permitirá recabar más pruebas y testimonios para fortalecer el caso. Las autoridades han destacado que este caso es solo una muestra de la violencia y el abuso que pueden ocurrir en lugares que deberían ofrecer ayuda y rehabilitación.
El impacto de este caso resalta la importancia de una mayor regulación y vigilancia de los centros de rehabilitación en el país, así como la necesidad de garantizar que los derechos humanos de los internos sean respetados. La Fiscalía de Morelos ha reafirmado su compromiso de seguir adelante con las investigaciones, pese a las presiones políticas que podrían surgir debido a la implicación de figuras locales importantes.
Reflexión final: Un llamado a la justicia y a la transformación del sistema
Este trágico suceso no solo expone una red de corrupción y abuso en un centro de rehabilitación, sino que también plantea preguntas más profundas sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de proteger a las personas más vulnerables.
Las autoridades de Morelos, a través de la Fiscalía, han mostrado que están dispuestas a llevar a cabo una investigación rigurosa para que se haga justicia, pero es imperativo que el sistema de rehabilitación y protección a las personas en situación de vulnerabilidad sea revisado y transformado.
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