La jornada del 6 de junio de 2025 en Veracruz ha estado marcada por importantes desarrollos en el ámbito político-electoral y de infraestructura. El Consejo General del Órgano Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó la atracción de los cómputos municipales de Mecatlán, Hidalgotitlán, Tuxtilla, Texhuacan y Poza Rica a la capital del estado. Esta decisión se tomó debido a las «condiciones extremas» reportadas en estos municipios, que incluyen incidentes de tensión, como la concentración de simpatizantes de Movimiento Ciudadano y Morena en Poza Rica, amenazas en Texhuacan, y la irrupción forzada en consejos electorales con robo e incendio de documentos en Mecatlán, Hidalgotitlán y Tuxtilla.
La presidenta consejera del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, enfatizó que la seguridad del personal y los funcionarios electorales es prioritaria ante cualquier situación sociopolítica. Este movimiento busca garantizar la transparencia y la seguridad en el conteo de votos tras las elecciones municipales del 1 de junio, donde se renovaron los 212 ayuntamientos del estado.
Paralelamente, la construcción del nuevo acceso al puerto de Veracruz, una obra federal prioritaria, ha sufrido un nuevo retraso. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que los trabajos, inicialmente programados para el 21 de junio, comenzarán ahora el miércoles 25 de junio de 2025. Este proyecto, un distribuidor vial tipo puente vehicular de 0.873 kilómetros de longitud, se estima que durará aproximadamente tres años, con una inversión de 1,200 millones de pesos, y busca aliviar la congestión de tráileres en el kilómetro 13.5, una problemática que ha causado retrasos y pérdidas económicas. La necesidad de este acceso alterno fue una promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en mayo de 2024, destacando su importancia para la actividad portuaria y el desarrollo económico de la región.
La ampliación del puerto de Veracruz, sin embargo, no está exenta de controversia. Organizaciones ambientalistas han denunciado que la nueva autorización para la ampliación se ha otorgado sin una evaluación integral de los impactos ecológicos ni medidas suficientes para prevenir o revertir los daños ambientales. Argumentan que no se realizaron nuevos estudios actualizados, no se adoptó un enfoque holístico, no se garantizó la participación ciudadana y no se presentaron medidas adecuadas para evitar o revertir los impactos. Esta crítica subraya la tensión entre el desarrollo económico y la protección del ecosistema marino del Golfo de México, especialmente el sistema arrecifal coralino, el más grande de la región.
Estos eventos reflejan la complejidad de la gobernanza en Veracruz, donde los procesos democráticos enfrentan desafíos de seguridad y las grandes obras de infraestructura deben equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. La atracción de los cómputos electorales y el retraso en la obra portuaria son indicativos de la necesidad de una gestión cuidadosa y transparente en la región.
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