En un operativo conjunto llevado a cabo por la Secretaría de Marina (Semar) en Veracruz, más de 50 cámaras de videovigilancia fueron retiradas de manera ilegal de la vía pública en los municipios de Cosoleacaque y Minatitlán. Esta acción se enmarca en una serie de medidas contra la presencia del crimen organizado en estas zonas, y es parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad en la región.
Las cámaras de seguridad, que habían sido instaladas sin la autorización correspondiente, se sospecha que estaban siendo utilizadas por grupos criminales para monitorear actividades ilícitas y planificar sus movimientos. Este hallazgo refuerza la preocupación sobre la falta de control sobre dispositivos de videovigilancia en espacios públicos, lo que podría facilitar las actividades del crimen organizado.
🪖🇲🇽Ejército Mexicano desmantela red de
— Foro Militar México (@foro_militar) January 8, 2025
vigilancia en Poza Rica, Veracruz
La DEFENSA, informa a la población civil que, se logró la desinstalación de cámaras de vigilancia colocadas de forma ilícita y radios de enlace en el municipio de Poza Rica, Veracruz pic.twitter.com/ECaTsugdvQ
Operativo militar para desmantelar redes de videovigilancia ilegales
El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, explicó que, si bien algunos residentes de las zonas afectadas habían instalado cámaras para proteger sus viviendas, cualquier equipo de videovigilancia en la vía pública debe ser gestionado por el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4). Este centro tiene la responsabilidad de dirigir los reportes de emergencia a las corporaciones correspondientes, incluyendo seguridad, protección civil, y servicios médicos.
Las autoridades informaron que el retiro de estas cámaras fue realizado como parte de un esfuerzo mayor para debilitar la estructura criminal que opera en la región. Este tipo de dispositivos no solo pueden ser utilizados para el monitoreo, sino que también permiten a los grupos delictivos coordinar sus actividades de forma más efectiva, lo que pone en riesgo la seguridad pública.
El contexto en Veracruz y otras regiones
Este operativo no es un caso aislado, ya que las autoridades también han realizado intervenciones similares en otros municipios veracruzanos como Coatzacoalcos, Tuxpan y Poza Rica, donde también se encontraron cámaras de seguridad instaladas sin autorización. En Coatzacoalcos, por ejemplo, se retiraron más de 40 cámaras en una acción coordinada que involucró tanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además, el tema de las cámaras ilegales no se limita a Veracruz. En Chiapas, en los municipios de Frontera Hidalgo y Suchiate, también se descubrieron cámaras de videovigilancia manejadas por grupos criminales, los cuales las utilizaban para extorsionar y secuestrar a migrantes. Este tipo de cámaras ilegales se han vinculado con diversas células delictivas que operan en la región fronteriza, lo que resalta la creciente amenaza del crimen organizado en México.
Acciones de las autoridades y el impacto en la seguridad
Las autoridades federales y estatales están tomando medidas drásticas para erradicar la instalación y el uso de cámaras de videovigilancia ilegales. Sin embargo, el caso de Veracruz subraya un problema recurrente: la falta de supervisión en el manejo de la tecnología de vigilancia, lo que puede ser aprovechado por actores criminales para sus propios fines.
Ricardo Ahued Bardahuil destacó que los operativos en Veracruz no solo buscan retirar las cámaras, sino también asegurar que cualquier dispositivo de vigilancia en espacios públicos se utilice dentro del marco legal, con la debida autorización y control por parte de las autoridades competentes.
Desmantelamiento de redes en otras regiones: un desafío persistente
El desmantelamiento de redes de videovigilancia ilegales en Chiapas es un ejemplo claro de la expansión del crimen organizado en el país. Las cámaras retiradas en Frontera Hidalgo y Suchiate estaban asociadas a actividades criminales como el secuestro y la extorsión, y se utilizaron para controlar el paso de migrantes. Este tipo de redes ilícitas son un desafío para las autoridades, que deben no solo retirar los dispositivos, sino también identificar y desmantelar las células criminales responsables de su instalación y uso.
La retirada de estos dispositivos en Veracruz y Chiapas forma parte de un esfuerzo más amplio para restaurar el control sobre el espacio público y asegurar que las tecnologías de vigilancia se utilicen con fines legítimos, protegiendo a la ciudadanía y mejorando la seguridad en las comunidades afectadas.
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