En San Luis Potosí, el agua no fluye hacia los hogares, pero sí hacia los bolsillos de la política. El gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo enfrentan serios señalamientos sobre el manejo de Interapas, la operadora del agua local. Con un presupuesto cercano a los 2 mil millones de pesos este año, las expectativas de modernización del sistema hidráulico eran altas. Sin embargo, los recursos parecen haberse desviado hacia campañas de promoción personal, dejando a los potosinos con tuberías obsoletas y drenajes colapsados.
Incluso Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director de Interapas, admitió públicamente que no hay dinero suficiente para atender las necesidades básicas de la población. Mientras tanto, la crisis hídrica, acentuada por décadas de abandono en la infraestructura hidráulica, sigue afectando a miles de familias que enfrentan cortes de agua y problemas de saneamiento.
Un enfoque equivocado: propaganda sobre infraestructura
Recorrer las calles de San Luis Potosí es ver cómo la propaganda política inunda cada rincón. Banderas, espectaculares y anuncios promocionales contrastan con las imágenes de tuberías rotas y calles anegadas de aguas negras. Lo más alarmante es que los recursos para corregir estos problemas existen, pero la voluntad política parece ausente.
Tamaulipas alza la voz: no al Acta 331
En Tamaulipas, el agua también es un tema álgido, pero con un enfoque distinto. El gobernador Américo Villarreal ha dejado claro que la prioridad es proteger los recursos hídricos de la región ante la amenaza del controvertido “Acta 331”. Este acuerdo compromete aguas del río San Juan para pagar una deuda hídrica con Estados Unidos, lo que pondría en riesgo la presa Marte R. Gómez, vital para los tamaulipecos.
Raúl Quiroga, secretario de Recursos Hidráulicos del estado, ha advertido del impacto catastrófico que podría tener este acuerdo en la región, desde la agricultura hasta el suministro doméstico. La postura del gobierno estatal contrasta con el silencio que prevalece en Nuevo León, donde el gobernador Samuel García parece esquivar la discusión pública.
Jalisco: más recursos, pero menos pacto fiscal
En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro enfrenta otro tipo de reto político. Su propuesta de abandonar el pacto fiscal nacional ha generado controversia, especialmente después de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, revelara que las transferencias federales al estado aumentarán en 2025, alcanzando los 139 mil millones de pesos, 6 mil millones más que en 2024.
La jugada de Alfaro buscaba presionar por un trato más justo, pero los nuevos números debilitan su discurso. Ahora, el foco está en cómo se gestionarán estos recursos para evitar que terminen como en San Luis Potosí: en promoción política y no en beneficios reales para la ciudadanía.
¿Resurgirá el PAN con Jorge Romero?
Por otro lado, en el ámbito nacional, el Partido Acción Nacional intenta renovar su imagen tras años de desgaste. Bajo la batuta de Jorge Romero, el PAN ha adoptado una postura más confrontativa, como se vio en la reciente manifestación en defensa del INAI. Este cambio busca posicionar al partido como una oposición fuerte y relevante, algo que no se lograba con Marko Cortés al frente.
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