La red de vigilancia de la Ciudad de México está a punto de expandirse masivamente. Un nuevo plan integrará 5,000 cámaras de seguridad privadas de tiendas departamentales al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), desdibujando la línea entre la seguridad pública y la vigilancia corporativa.
El gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia para reforzar la videovigilancia en la capital, pero no lo hará solo. A través de una colaboración público-privada, se conectarán 5,000 cámaras de seguridad pertenecientes a tiendas departamentales directamente a la red del C5.
Esta medida forma parte de un objetivo a largo plazo de la administración capitalina, que busca alcanzar un total de 150,000 cámaras de vigilancia operando en la ciudad para el año 2030. La justificación oficial es clara: fortalecer la capacidad de respuesta ante delitos y emergencias, utilizando la infraestructura ya existente del sector privado.
La Privatización de la Vigilancia Estatal
Este plan representa un atajo significativo para el gobierno. En lugar de invertir grandes sumas de dinero público y tiempo en la instalación de miles de nuevos postes y cámaras, se aprovecha la vasta red de vigilancia que las corporaciones ya han desplegado para proteger sus propios intereses.
Sin embargo, esta eficiencia plantea preguntas fundamentales que no han sido respondidas en los anuncios oficiales y que son de vital importancia para los ciudadanos:
* ¿Qué empresas participan? No se ha detallado qué cadenas de tiendas departamentales forman parte del acuerdo.
* ¿Quién accede a los datos? ¿Qué protocolos rigen el acceso a estas imágenes? ¿Solo se usarán en tiempo real durante una emergencia o se almacenarán para investigaciones posteriores?
* ¿Qué salvaguardas de privacidad existen? ¿Cómo se protegerán los datos biométricos y los patrones de comportamiento de millones de compradores para evitar su mal uso o la vigilancia indebida?
El Dilema: ¿Más Seguridad a Cambio de Menos Privacidad?
La iniciativa desdibuja la frontera entre la vigilancia con fines de seguridad pública y el monitoreo corporativo. Cada visita a un centro comercial podría convertirse en un punto de recolección de datos para el Estado, transformando espacios privados de consumo en extensiones de la red de vigilancia gubernamental.
«Esta colaboración busca sumar al objetivo del gobierno capitalino», se limita a informar un reporte, sin ahondar en las profundas implicaciones para las libertades civiles que conlleva este modelo de vigilancia compartida.
El debate está servido. Por un lado, la promesa de una ciudad más segura es un argumento poderoso. Por otro, la perspectiva de un «Gran Hermano» que observa no solo en las calles, sino también en los pasillos de las tiendas, genera una justificada preocupación sobre el futuro de la privacidad en la era digital.
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