Esta mañana, transportistas de distintos sectores paralizaron tramos estratégicos de la autopista México-Querétaro y del Periférico norte, a la altura del Parque Naucalli en Naucalpan. Piperos, grulleros y operadores de transporte de carga y pasajeros cerraron parcialmente la caseta de peaje, dejando libre solo un par de módulos de pago.
El movimiento, coordinado por la organización ACME, surgió como protesta contra lo que los manifestantes califican de “fabricación de delitos” por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en relación con el transporte de agua potable.
La exigencia: respeto al traslado digno de agua
Los transportistas reclaman que se garantice el derecho al traslado seguro de agua hacia distintas comunidades y negocios, luego de que el operativo Caudal, implementado por el gobierno estatal, intervino 51 pozos, 138 tomas y decomisó 258 pipas.
Las autoridades argumentan que la acción busca frenar el robo de agua potable, un problema que ha afectado a cientos de familias en el Estado de México. Sin embargo, los manifestantes consideran que el operativo vulnera su actividad económica y los derechos de quienes realizan traslados legales de agua.
“Exigimos que se respete nuestro trabajo y que no se criminalice el transporte de agua potable”, declararon líderes de ACME.
Impacto en la movilidad y seguridad vial
La protesta ha generado tráfico intenso y retrasos en Tepotzotlán, Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan, afectando a miles de usuarios. Vehículos de los manifestantes ocupan uno o dos carriles, dificultando el avance de transporte público, unidades de carga y autos particulares.
Autoridades locales han solicitado a los conductores planear rutas alternas y evitar las zonas de conflicto para reducir riesgos y accidentes. Además, se prevé que los transportistas avancen en caravanas hacia el Zócalo de la Ciudad de México para solicitar intervención federal.
Repercusiones políticas y sociales
Analistas coinciden en que la movilización evidencia la tensión entre transportistas y autoridades estatales, así como la complejidad del manejo de recursos esenciales como el agua en la región metropolitana.
La protesta abre un debate sobre la regularización del transporte de agua potable, la aplicación de operativos preventivos y la necesidad de un diálogo efectivo entre gobierno y ciudadanos para evitar afectaciones masivas en la movilidad urbana.
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