Una explosión, una lluvia de fragmentos y un conflicto internacional en el horizonte. Así podría resumirse el incidente que tiene a SpaceX, la empresa de Elon Musk, y al Gobierno de México en el centro de una controversia que mezcla tecnología, medioambiente y geopolítica.
El 18 de junio de 2025, la nave Starship explotó durante una prueba en la plataforma Starbase, en Texas, a solo tres kilómetros de la frontera mexicana. Lo que parecía un ensayo más para avanzar en la conquista del espacio, terminó con restos del cohete desparramados sobre las playas del norte de Tamaulipas, incluyendo la protegida playa Bagdad en Matamoros.
SpaceX ofrece recursos para limpiar… pero no bastan
Días después del incidente, SpaceX publicó un comunicado en el que asegura haber solicitado asistencia al gobierno mexicano para llevar a cabo las tareas de recuperación de escombros. También informó que los restos no son tóxicos ni representan riesgos químicos o biológicos.
“Ofrecimos recursos y asistencia para la limpieza, y solicitamos la validación de nuestro derecho a operar en la recuperación de fragmentos”, indicó la empresa.
No obstante, los residuos ya habían generado preocupación. Ambientalistas alertaron sobre la presencia de plásticos, metales, caucho y tanques, y su posible impacto en ecosistemas locales. Además, el evento obligó a frenar la liberación de 10 mil crías de tortuga Lora, especie en peligro de extinción.
México evalúa acciones legales contra SpaceX
Lejos de aceptar el gesto como suficiente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza una posible demanda contra SpaceX. “Estamos revisando qué leyes internacionales se violaron. Esto no es solo una revisión, sino un paso hacia acciones legales formales”, declaró en su conferencia matutina.
Los expertos ambientales del gobierno, junto con autoridades locales, están evaluando el impacto ambiental directo e indirecto que la explosión provocó en el litoral mexicano. Las investigaciones incluyen análisis de contaminación química y riesgos para la biodiversidad costera.
¿Quién protege a México de la basura espacial?
Este caso vuelve a poner en la mesa la falta de regulación internacional efectiva ante accidentes espaciales. Aunque los lanzamientos de cohetes aumentan cada año, los países vecinos, como México, carecen de protocolos claros para enfrentar la caída de basura espacial en su territorio.Además del impacto ecológico, está en juego la soberanía territorial y el derecho a exigir responsabilidades, incluso si los actores involucrados son gigantes tecnológicos como SpaceX.
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