Una emergencia global y su impacto en México
Cada año, 1.3 millones de personas pierden la vida en siniestros viales en todo el mundo. En México, estos eventos, que representan una de las principales causas de mortalidad, cobran la vida de 43 personas cada día, lo que equivale a una muerte cada 30 minutos. Este alarmante dato fue presentado en la Primera Reunión Regional para América Latina de ONGs por la Seguridad Vial, donde más de 60 organizaciones se reunieron para discutir soluciones y mejorar la atención a las víctimas de estos trágicos eventos.
Con este contexto, no podemos continuar llamando a estos hechos “accidentes”, ya que muchos son prevenibles con políticas de seguridad y atención adecuada. Desde cambios en la infraestructura vial hasta la concientización ciudadana, los siniestros viales exigen una respuesta integral, donde la atención a las víctimas también sea una prioridad.
¿Qué implica una atención integral a víctimas de siniestros viales?
La atención integral a víctimas de siniestros viales no solo incluye la asistencia médica; abarca también el apoyo psicosocial y el acompañamiento jurídico, servicios que pueden marcar una gran diferencia para las personas afectadas y sus familias. La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI) presentó dos herramientas clave en este sentido: la Guía Iberoamericana de Atención Integral a Víctimas de Siniestros de Tránsito y el Protocolo de Actuación de las Unidades de Atención a Víctimas Viales.
Estas guías resaltan que las víctimas viales necesitan atención desde distintos frentes, con el objetivo de evitar una segunda victimización. Este concepto es vital: las víctimas no deben enfrentar trámites burocráticos innecesarios o confusos que les impidan acceder a la justicia. Así, el acompañamiento legal y el apoyo psicológico adecuado son esenciales para brindarles la tranquilidad y dignidad que merecen en medio de una situación tan difícil.
El marco legal y el derecho a la movilidad segura en México
En México, el derecho a la movilidad segura se incluyó en la Constitución en 2019, y en 2022, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial consolidó este derecho, obligando a las autoridades a tomar medidas para proteger a las personas en sus desplazamientos. Esta ley establece que cada entidad federativa debe garantizar condiciones seguras de movilidad para todos sus ciudadanos, desde infraestructura adecuada hasta campañas de concientización.
Con este marco legal, México avanza hacia un enfoque donde la movilidad es un derecho básico, en especial para las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, en la práctica, aún quedan muchos retos para que estas normas se traduzcan en políticas efectivas y cambios reales en las calles y en la atención a las víctimas.
La importancia de la colaboración intersectorial en la atención a víctimas
La atención integral a las víctimas de siniestros de tránsito requiere una red coordinada entre diferentes sectores, desde las autoridades judiciales hasta los servicios de salud y las aseguradoras. Esta colaboración es clave para asegurar que las víctimas y sus familias reciban el apoyo necesario, no solo en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito emocional y financiero.
En países de América Latina, esta colaboración ha demostrado resultados positivos al integrar a policías, servicios de salud, personal de primeros auxilios y representantes del sector privado. De esta manera, se establece un sistema de respuesta rápida y eficiente que brinda a las víctimas atención en cada etapa de su proceso de recuperación, desde el momento del siniestro hasta el cierre del caso.
La solidaridad y la empatía como pilares de la atención a víctimas
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) reconoce la importancia de solidarizarse con las víctimas y sus familiares. La atención a las víctimas debe estar guiada por la empatía y el respeto, particularmente para aquellas familias desfavorecidas que, además de perder a un ser querido, enfrentan barreras económicas y sociales que complican aún más su situación.
La FGJ-CDMX ha expresado su compromiso con ofrecer un apoyo integral y humano a las víctimas de siniestros viales, buscando generar un cambio que no solo mitigue los efectos inmediatos del siniestro, sino que también brinde acompañamiento en su proceso de sanación y justicia.
Conclusión: Un compromiso compartido hacia la seguridad vial
Los siniestros viales no son solo cifras o estadísticas; son tragedias humanas que impactan profundamente a las familias y comunidades. La reunión de ONGs en la Ciudad de México resalta que la lucha por la seguridad vial y la atención integral a las víctimas es una tarea urgente y compartida. La solidaridad, el compromiso institucional y el desarrollo de políticas públicas robustas son esenciales para transformar la realidad vial en México y en toda América Latina.
La seguridad vial debe ser una prioridad para todos: desde los gobiernos hasta la ciudadanía. Solo a través de la educación, la concientización y el fortalecimiento de las leyes podemos construir un entorno donde todos, sin importar su medio de transporte, tengan garantizada su seguridad y bienestar en la vía pública. Los siniestros de tránsito pueden y deben prevenirse, y el primer paso es reconocer la importancia de una atención integral a las víctimas.
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