Incremento histórico en denuncias por robo de hidrocarburo
Durante el primer semestre de 2025, México registró un aumento del 148 por ciento en las denuncias por robo de hidrocarburo en comparación con el mismo periodo de 2024. Mientras Pemex reporta una baja en la detección de tomas clandestinas físicas, el número de denuncias formalmente presentadas crece de manera alarmante, reflejando un cambio en la forma de operar de las redes delictivas y en la estrategia de vigilancia del gobierno.
Estadísticas que revelan la magnitud del problema
En 2024, las denuncias por tomas clandestinas sumaron mil 818, con un promedio mensual de 151.5 casos. En 2025, el primer semestre registró 2 mil 259 denuncias, lo que equivale a un promedio de 376.5 al mes, casi 2.5 veces más que el año anterior. En cuanto al robo de hidrocarburo sin toma clandestina, los reportes mensuales pasaron de 3.5 casos en 2024 a 8 en lo que va del año, reflejando nuevas modalidades menos visibles de extracción y comercialización.
Explicación de la paradoja: más denuncias, menos tomas detectadas
Fuentes de seguridad de Pemex explican que este fenómeno se debe a una mayor actividad ministerial y de inteligencia en la supervisión de las cadenas de suministro, así como a la presión operativa en zonas críticas. La vigilancia intensa en ductos ha obligado a los delincuentes a diversificar sus métodos, recurriendo a esquemas de comercialización más sofisticados y al llamado huachicol fiscal, que evita la detección física de las tomas.
Hidalgo: epicentro del huachicol en México
El estado de Hidalgo se mantiene como el principal foco del robo de hidrocarburo, con 460 denuncias ante la Fiscalía General de la República en lo que va de 2025. Le siguen Puebla con 395, Estado de México con 273, Guanajuato con 264, Nuevo León con 220 y Tamaulipas con 163. El corredor que atraviesa Tula de Allende, Cuautepec, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan sigue siendo el más conflictivo, debido al trazado estratégico de ductos y la presencia de redes locales de extracción.
Organizaciones criminales involucradas
La actividad ilícita no sería posible sin la intervención de cárteles mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. Estas organizaciones operan en coordinación con redes locales, aprovechando la sobreexplotación de ductos como Tula-Azcapotzalco y Tula-Salamanca, para extraer y comercializar combustible de manera clandestina. A pesar de los despliegues de fuerzas federales y estatales desde 2019, la incidencia en Hidalgo sigue siendo superior al promedio nacional.
Acciones recientes y aseguramientos
En agosto, autoridades aseguraron un predio en Atotonilco de Tula, incautando 15 tanques cisterna, más de 26 mil litros de combustible robado, vehículos y droga. En junio, se desmanteló una red de huachicol encabezada por Cirio Sergio Rebollo Mendoza “Don Checo”, operando en Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, con un saldo de 32 detenidos. Estos operativos muestran la complejidad del fenómeno y la necesidad de coordinación entre autoridades.
Impacto en la seguridad energética y la economía
El incremento del robo de hidrocarburo tiene repercusiones directas en la seguridad energética del país y en la economía local. Las pérdidas millonarias afectan a Pemex y al Estado, mientras que la clandestinidad y las redes criminales ponen en riesgo la vida de los trabajadores, transportistas y comunidades cercanas a los ductos. La diversificación de modalidades ilícitas, como el huachicol fiscal, complica la supervisión y exige estrategias más sofisticadas.
Retos y perspectivas de prevención
El desafío para las autoridades es implementar sistemas de monitoreo, inteligencia y control más efectivos, incluyendo tecnología avanzada en ductos, análisis de patrones delictivos y colaboración interinstitucional. La detección temprana de esquemas alternativos de robo de hidrocarburo permitirá reducir los riesgos de explosiones, contaminación y pérdidas económicas.
Se adaptan a nuevas modalidades para robar combustible
El robo de hidrocarburo en México continúa creciendo de manera alarmante, adaptándose a nuevas modalidades y desafiando los esfuerzos gubernamentales. La información y la inteligencia son clave para combatir este delito, proteger la seguridad energética y garantizar la legalidad en la distribución de combustible.
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