México enfrenta un déficit de vivienda alarmante, y el acceso a una casa propia sigue siendo un desafío para millones de trabajadores. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso una iniciativa para reformar el INFONAVIT, con la intención de que la institución no solo otorgue créditos, sino que construya y rente viviendas directamente.
A simple vista, la propuesta parece una solución al problema habitacional del país. Sin embargo, especialistas y sectores de la oposición han levantado alertas sobre los riesgos de esta medida.
El punto más crítico es que los recursos que administra el INFONAVIT pertenecen a los trabajadores, no al gobierno. La reforma plantea el uso de 2.4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda para la creación de una empresa filial del Instituto que se encargue de desarrollar, administrar y rentar inmuebles.
¿Es una medida viable o un riesgo de centralización y posible mal manejo de fondos?
¿INFONAVIT constructor y arrendador? El cambio que preocupa
Actualmente, el INFONAVIT opera como una institución que otorga créditos para que los trabajadores puedan comprar, construir o mejorar su vivienda.
La reforma busca ampliar sus funciones para que el instituto:
- Construya directamente viviendas en terrenos públicos o adquiridos.
- Rente viviendas a trabajadores bajo un esquema de administración centralizada.
- Cree una filial inmobiliaria, con financiamiento proveniente de los ahorros de los derechohabientes.
El problema radica en que esta medida convierte al INFONAVIT en un desarrollador inmobiliario controlado por el gobierno, lo que podría generar ineficiencia, corrupción y un uso discrecional de los fondos de los trabajadores.
La preocupación por el uso de los ahorros de los trabajadores
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es que los recursos del INFONAVIT provienen de las aportaciones patronales y de los trabajadores, lo que significa que estos fondos son privados, no gubernamentales.
Esto genera preocupaciones en torno a la transparencia, ya que los trabajadores podrían perder el control sobre sus ahorros. Además, la propuesta ha sido criticada por realizarse sin consulta abierta y con poca claridad sobre su viabilidad financiera.
Otras experiencias en empresas estatales han demostrado que la administración pública no siempre es eficiente en la gestión de recursos. Casos como Pemex, la refinería Dos Bocas y Mexicana de Aviación generan dudas sobre la capacidad del gobierno para manejar grandes proyectos sin generar pérdidas millonarias.
¿Competencia desleal contra la industria inmobiliaria?
Otro aspecto que preocupa es el impacto que esta reforma tendría en el sector privado de la construcción.
Con el nuevo modelo del INFONAVIT, el gobierno pasaría de ser un facilitador de crédito a un competidor directo de los desarrolladores privados. Esto podría:
- Desincentivar la inversión privada en vivienda, reduciendo la oferta de inmuebles.
- Distorsionar el mercado, ya que la filial del INFONAVIT tendría beneficios fiscales y administrativos que el sector privado no posee.
- Afectar a la industria de la construcción, un sector clave en la generación de empleos en México.
Los empresarios del sector han señalado que, en lugar de competir con ellos, el gobierno debería enfocarse en mejorar las condiciones de financiamiento y en garantizar que los créditos sean accesibles para los trabajadores.
Corrupción y falta de transparencia: una preocupación real
En los últimos años, el INFONAVIT ha estado envuelto en casos de corrupción, especialmente en la adjudicación de contratos y el manejo de vivienda abandonada.
Al otorgarle la facultad de construir y administrar viviendas, la posibilidad de mal manejo de recursos aumenta considerablemente.
Expertos advierten que, sin mecanismos claros de supervisión, esta filial del INFONAVIT podría convertirse en una empresa estatal ineficiente y opaca, beneficiando a pocos y dejando de lado el verdadero propósito del Instituto: garantizar vivienda digna para los trabajadores.
¿Qué opciones hay para mejorar el acceso a la vivienda sin riesgos?
El problema de la vivienda en México es real, y requiere soluciones efectivas. Sin embargo, en lugar de convertir al INFONAVIT en una inmobiliaria estatal, existen otras alternativas que podrían impulsar el acceso a la vivienda sin afectar los ahorros de los trabajadores:
- Ampliar los créditos a tasas más bajas, permitiendo que más trabajadores puedan acceder a financiamiento.
- Facilitar la adquisición de vivienda con subsidios focalizados en sectores de bajos ingresos.
- Promover alianzas público-privadas, para desarrollar proyectos habitacionales sin comprometer recursos de los trabajadores.
- Mejorar la regulación del mercado inmobiliario, evitando la especulación y garantizando precios accesibles.
El reto es encontrar un equilibrio entre la intervención del Estado y la protección de los derechos de los trabajadores, asegurando que sus ahorros sean utilizados de manera eficiente y transparente.
La vivienda es un derecho, pero los ahorros de los trabajadores deben protegerse
La propuesta de reformar el INFONAVIT para que construya y rente viviendas parte de una necesidad legítima: resolver el problema del acceso a la vivienda en México.
Sin embargo, los riesgos son altos. La experiencia demuestra que centralizar funciones y entregar más control al gobierno no siempre es la mejor solución.
El patrimonio de los trabajadores debe ser protegido. Si bien el Estado tiene un papel importante en la regulación y promoción de la vivienda, utilizar los ahorros de los trabajadores sin garantías de transparencia y viabilidad financiera es una apuesta peligrosa.
El debate continúa, y la pregunta clave es: ¿se protegerán los intereses de los trabajadores o se priorizarán los proyectos gubernamentales?
El 1 de febrero, el Congreso definirá el rumbo de esta reforma. Será un día clave para el futuro de la vivienda en México.
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