Desde el Congreso de Quintana Roo, la diputada Jimena Lasa presentó una iniciativa de reforma al Código Penal con la que se busca endurecer las sanciones por feminicidio y armonizar la legislación local con los estándares nacionales.
La diputada morenista aseguró que esta propuesta responde a una responsabilidad legislativa urgente frente a la violencia de género que sigue siendo un problema social vigente en la entidad.
“El objetivo de nuestra propuesta es reformar el Código Penal, a fin de homologar la tipificación de este delito con los más altos estándares nacionales e internacionales, garantizando con ello el acceso a la justicia para las víctimas y dotando de herramientas más eficaces a quienes procuran e imparten justicia”, expresó.
La diputado explico que el feminicidio no es solo un homicidio, sino la expresión más extrema de una cadena de violencia y discriminación.
“El feminicidio es la culminación de un continuum de violencia, de relaciones desiguales de poder y de discriminación histórica. No es un hecho aislado; es el resultado de múltiples agresiones previas que el Estado debe identificar y sancionar con contundencia”.
Cifras que obligan a actuar
La diputada respaldó su propuesta con datos oficiales. De acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM), en el primer semestre de 2024 se atendieron 11 mil 445 casos de violencia en Quintana Roo.
En el 94% de los incidentes se trató de violencia familiar y, en el 91% de los casos, la víctima conocía a su agresor. En el 64% de las situaciones, el responsable era la pareja o expareja.
Además, recordó que Quintana Roo ha presentado porcentajes de defunciones femeninas por presunto homicidio superiores a la media nacional y que la tasa de impunidad acumulada en feminicidios alcanzó 67.1% entre 2016 y 2021.
“Estas cifras no son números fríos, son historias truncadas y familias destrozadas. Una impunidad del 67% significa que más de la mitad de estos crímenes no reciben una respuesta eficaz del Estado. Eso es inaceptable y nos obliga a perfeccionar nuestro marco legal”, dijo.
Tres ejes centrales de la reforma
La legisladora explicó que esta iniciativa se basa en tres cambios principales que buscan fortalecer el combate al feminicidio en Quintana Roo. El primero es la homologación del delito con el artículo 325 del Código Penal Federal, adoptando siete circunstancias objetivas que permiten acreditar las razones de género. Con ello se pretende contar con un tipo penal más claro y estandarizado.
“Necesitamos un tipo penal claro, con criterios verificables, que reduzca la discrecionalidad y facilite la labor de fiscales y jueces. Cuando la ley es ambigua, se dificulta reclasificar homicidios como feminicidios y eso contribuye al subregistro y la impunidad”, señaló la diputada.
Explicó que esta armonización permitirá que los operadores de justicia trabajen bajo los mismos parámetros que a nivel federal, fortaleciendo la coherencia jurídica y mejorando la capacidad de investigación y sanción.
El segundo eje es el aumento de las penas. Actualmente, la sanción por feminicidio en Quintana Roo va de 30 a 50 años de prisión, pero la propuesta plantea elevarla a un rango de 40 a 60 años.
“No es solo una cuestión de alineación normativa, es un acto de justicia. La gravedad extrema de este delito exige una sanción proporcional. Con esta reforma enviamos un mensaje claro: en Quintana Roo la violencia feminicida no será tolerada y se castigará con la máxima severidad que permite la ley”, dijo.
El tercer punto central es la eliminación de la excusa absolutoria por encubrimiento cuando el delito principal sea feminicidio u homicidio. Esta modificación busca evitar que familiares u otras personas puedan evadir responsabilidades bajo el argumento de lealtad familiar.
“No podemos permitir que redes de complicidad obstaculicen la justicia. El privilegio de la lealtad familiar no puede estar por encima del derecho de las mujeres a la vida. Esta medida es clave para desmantelar estructuras que protegen a los agresores”, destacó.
Más allá de la pena: perspectiva de género
La legisladora destacó que el feminicidio es un delito pluriofensivo, ya que no solo vulnera la vida, sino también la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres.
“Muchas veces el feminicidio es el desenlace de años de violencia previa. Por eso la ley debe permitir valorar el contexto, el historial de agresiones, el control y la subordinación que sufrió la víctima. Solo así podremos hacer justicia integral”.
Agregó que contar con un tipo penal homologado facilitará la actualización de protocolos de investigación ministerial, policial y pericial, así como la capacitación especializada con perspectiva de género.
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