Desde el Congreso de Quintana Roo se busca modificar la Ley de Víctimas del Estado para eliminar las restricciones en la atención y seguimiento de los trastornos mentales en personas que han sido víctimas de violencia, garantizando el acceso a servicios sin importar la gravedad de cada caso.
El diputado morenista Eric Arcila explicó que, actualmente, el marco normativo vigente en el estado, a través del Artículo 33, limita la atención a la salud mental de las víctimas de violencia únicamente a casos graves. Con esta reforma, se busca eliminar dicha restricción y priorizar la atención integral de todas las víctimas.
“La misma redacción del artículo limita el acceso a la salud mental de las víctimas en nuestro Estado. Se necesita tener un caso grave para que a una persona se le atienda su salud mental con el acompañamiento correspondiente, cuando la realidad es que en todos los casos se debe garantizar esta atención.
“Lo que vamos a hacer es eliminar esta parte en la redacción para que no haya restricciones de ningún tipo y que con el tiempo puede generar consecuencias graves como la depresión o incluso el mismo suicidio”, dijo.
El diputado comentó que esta propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a garantizar el cuidado y la atención de la salud mental de los quintanarroenses, una problemática que continúa siendo uno de los mayores problemas en el sistema de salud pública del estado.
“Una de nuestras primeras iniciativas fue un proyecto que pretende enriquecer la Ley de Salud Mental en distintos aspectos. Entre ellos, destaca garantizar el derecho a una segunda opinión médica, especialmente en casos relacionados con la salud mental. Esto incluye el derecho al traslado de pacientes en emergencias y la atención desde una perspectiva inclusiva, que también considera a las víctimas”, explicó Eric Arcila.
Reconoció el incremento de problemas de salud mental en Quintana Roo, agravados por la pandemia, y lamentó que la falta de atención adecuada haya derivado en desenlaces desafortunados.
“La salud mental no discrimina. No tiene sesgos socioeconómicos ni respeta edades; afecta a todas y todos. Sin embargo, hay una tendencia creciente entre los jóvenes y es hacia donde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos desde el Congreso”.
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