Prisión preventiva oficiosa: Una medida que afecta a los más vulnerables
El inicio de 2025 trajo consigo un decreto polémico publicado en el Diario Oficial de la Federación, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Aunque esta medida busca combatir delitos como la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas, también abre la puerta a abusos, afectando principalmente a sectores vulnerables.
En este artículo analizaremos cómo esta política contradice los principios de justicia, refuerza la exclusión social y perpetúa un sistema punitivo ineficaz.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa obliga a los jueces a dictar prisión de manera automática para ciertos delitos, eliminando la posibilidad de un análisis judicial caso por caso.
Dos modalidades de prisión preventiva:
- Oficiosa: Se impone automáticamente para los delitos incluidos en un catálogo definido por ley.
- Justificada: Permite un análisis judicial para determinar si la medida es necesaria en un caso particular.
Problemas clave:
- Criminaliza de manera desproporcionada a sectores vulnerables.
- Satura el sistema penitenciario sin garantizar justicia ni seguridad.
Un catálogo en expansión: Ambigüedad y represión
El decreto recientemente publicado amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo términos ambiguos como aquellos que afectan el «libre desarrollo de la personalidad».
Implicaciones legales:
- Ambigüedad: Delitos relacionados con la “apología del delito” podrían incluir manifestaciones culturales como música o arte.
- Limitación judicial: Prohíbe a los jueces realizar interpretaciones legales, obligándolos a aplicar la norma literalmente, aumentando el riesgo de abusos.
El impacto:
Este enfoque deja en manos de un sistema judicial debilitado la decisión de encarcelar de manera automática, sin considerar las circunstancias específicas de cada caso.
Mujeres y sectores vulnerables, los más afectados
Según el INEGI, la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a mujeres, personas racializadas y comunidades en situación de pobreza.
Datos clave:
- Muchas personas en prisión preventiva son el principal sustento de sus hogares.
- Las mujeres enfrentan la falta de redes de apoyo para sus hijos, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.
- Gran parte de las personas en esta situación reportan haber sufrido tortura y carecen de defensa adecuada.
El impacto en las familias:
La criminalización de sectores vulnerables refuerza las desigualdades sociales y aumenta las brechas de exclusión.
¿Seguridad o represión?
A pesar de las promesas del gobierno de priorizar a los sectores más pobres, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa genera un entorno punitivo que criminaliza la pobreza en lugar de combatir las causas estructurales de la violencia.
El sistema penal en crisis:
- Fiscalías y policías carecen de capacitación y recursos para investigar de manera adecuada.
- La saturación del sistema penitenciario refuerza la impunidad.
- El enfoque punitivo no ha demostrado eficacia para reducir la incidencia delictiva.
¿Qué sigue para México?
La frase «Primero los pobres» parece haberse convertido en una herramienta retórica que, en la práctica, ha resultado en mayor criminalización y exclusión para los sectores más vulnerables.
Para que México avance hacia un sistema de justicia más equitativo, es fundamental:
- Reducir el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
- Fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad pública.
- Promover políticas sociales que ataquen las causas estructurales del delito.
La seguridad no puede lograrse a costa de los derechos humanos. Es hora de repensar las políticas públicas y priorizar la justicia efectiva sobre el castigo indiscriminado.
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