Plaza Izazaga 89, un edificio de 16 pisos en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, dejó de ser un simple punto de comercio informal para convertirse en un nodo estratégico de actividades ilícitas. Desde sus inicios, ha sido clave en el esquema de contrabando de productos apócrifos y lavado de dinero, con grupos criminales como Los Zetas, La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) disputándose su control.
El reciente operativo del 28 de noviembre marcó un hito: la incautación de más de 264 mil productos pirata y el cierre del inmueble dejaron al descubierto el impacto del crimen organizado en el comercio informal. Pero este cierre no solo afecta a los capos, sino también a miles de familias que dependen de sus ingresos.
Los Zetas: Los pioneros del control ilícito en Izazaga 89
A principios de los años 2000, Los Zetas, liderados por Heriberto Lazcano (“El Lazca”), se adueñaron del contrabando en la Ciudad de México, con Tepito como su bastión. Según investigaciones de la entonces PGR, los productos pirata provenientes de Asia llegaban a Izazaga 89 marcados con un distintivo: un sticker de un caballo encabritado, señal de que los Zetas controlaban la mercancía.
El edificio, ubicado estratégicamente cerca de Tepito, albergaba a miles de locatarios y se convirtió en un motor financiero para el grupo delictivo. Sin embargo, su hegemonía no duraría mucho.
La Unión Tepito y su diversificación criminal
En 2010, La Unión Tepito emergió como el nuevo jugador en el comercio ilegal. Fundada por personajes como “La Barbie” y “Pancho Cayagua”, La Unión unificó a los grupos criminales locales para frenar la expansión de Los Zetas. Su innovación radicó en la colaboración con mafias chinas, quienes no solo proveían mercancía pirata, sino también precursores químicos para drogas sintéticas.
Las rutas marítimas que antes servían para el tráfico de drogas ahora transportaban metanfetaminas y productos apócrifos en un solo contenedor. Este modelo no solo fortaleció económicamente a La Unión, sino que consolidó su dominio en puntos estratégicos como Izazaga 89, donde además cobraban derecho de piso a locatarios.
El CJNG: Expansión y control en la capital
Con el debilitamiento de La Unión Tepito por operativos gubernamentales, el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), encontró la oportunidad de expandir su influencia en la Ciudad de México. Replicando el modelo de colaboración con mafias chinas, el cártel convirtió a Izazaga 89 en un epicentro de operaciones para contrabando, lavado de dinero y venta de mercancías ilegales.
Según investigaciones federales, el CJNG utiliza el inmueble no solo como escaparate de productos pirata, sino también como punto clave para operaciones financieras ilícitas. Las autoridades buscan la extinción de dominio del edificio, en un intento por asestar un golpe financiero al cártel.
Cierre y resistencia: las voces de los locatarios
El cierre de Izazaga 89 no solo afectó a las organizaciones criminales, sino también a cerca de 4,000 familias que dependen de los ingresos generados en la plaza. Locatarios han organizado bloqueos en la Avenida Izazaga, exigiendo la reapertura del edificio.
Con carteles que decían “Queremos trabajar” y “El problema está en las aduanas”, los comerciantes argumentan que el operativo perjudica más a los trabajadores que al crimen organizado. Aunque el Instituto de Verificación Administrativa retiró los sellos de suspensión el 12 de diciembre, la plaza sigue cerrada, a la espera de una resolución definitiva.
Izazaga 89: Un microcosmos del comercio informal y el crimen
La historia de Izazaga 89 refleja una compleja intersección entre el comercio informal, la economía local y el crimen organizado. Si bien el cierre del edificio apunta a desarticular redes ilícitas, deja en el aire preguntas fundamentales: ¿Cómo se protegerá a los locatarios inocentes? ¿Es este un golpe real al crimen organizado o solo un parche temporal?
El futuro de este icónico edificio dependerá de cómo las autoridades gestionen tanto la extinción de dominio como las demandas legítimas de miles de trabajadores afectados.
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