Por más de ocho horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras bloquearon vialidades en al menos 15 municipios del Estado de México, afectando la circulación en los principales accesos a la Ciudad de México. La protesta surgió tras el operativo Caudal, mediante el cual autoridades estatales aseguraron 189 inmuebles, 51 pozos y 138 tomas clandestinas por presunta extracción y distribución ilegal de agua potable.

Bloqueos masivos y afectaciones al transporte

Desde las 7:00 de la mañana, comenzaron los bloqueos en municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tepotzotlán, Acolman, Texcoco, Cuautitlán Izcalli, Toluca, La Paz y Chimalhuacán.
Los cierres se extendieron a autopistas y avenidas principales, entre ellas:

• Avenida Central, a la altura del Metro Nezahualcóyotl.
• Autopista México-Pachuca, en el punto conocido como El Vigilante.
• México-Querétaro, en la caseta de Tepotzotlán.
• México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet.
• Toluca-Naucalpan, en Plazas Santín.
• Peñón-Texcoco y México-Pirámides, en Acolman y Texcoco.

Las protestas provocaron el cierre temporal del Mexibús en sus líneas 1, 2, 3 y 4, lo que obligó a miles de usuarios a caminar por largos tramos para encontrar transporte alternativo.

Participación de grupos y tensión en las vialidades

De acuerdo con reportes oficiales, entre los manifestantes se detectó la presencia de choferes vinculados a organizaciones criminales, como Los 300 y la Uson, así como exfuncionarios locales.
En Nezahualcóyotl se registraron siete puntos de bloqueo, mientras que en Ecatepec hubo nueve cierres en vialidades como la Vía Morelos y la Avenida López Portillo.

En Texcoco, un grupo se apostó frente al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, donde incluso una unidad de transporte público fue dañada. En Cuautitlán Izcalli, los pobladores bloquearon las avenidas Jiménez Cantú, Primero de Mayo y Constitución, cercanas al Palacio Municipal.

Las demandas de los piperos

Los manifestantes aseguraron que no todos los pozos clausurados operaban de forma ilegal y que muchos de ellos abastecían a purificadoras, hospitales y centros comerciales.
“No somos rateros ni delincuentes, nosotros solo transportamos el agua, no la robamos”, expresaron algunos piperos durante las protestas.

Pidieron a las autoridades revisar caso por caso y reabrir los pozos que operaban con permisos, argumentando que la clausura indiscriminada afecta a comunidades que dependen del servicio.
También denunciaron la retención de pipas en corralones y exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno estatal.

Qué es el operativo Caudal

El operativo Caudal fue implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para combatir el robo y la distribución ilegal de agua potable en 48 municipios.
Durante la intervención se aseguraron 189 inmuebles, se localizaron 51 pozos activos y 138 tomas clandestinas utilizadas presuntamente para la venta irregular del recurso.

De acuerdo con las autoridades, esta acción forma parte de una estrategia más amplia para detener el llamado “huachicoleo del agua”, una práctica que se ha extendido en distintas regiones del país.

Avances y liberación de vialidades

Hacia el mediodía, las autoridades lograron entablar comunicación con los líderes de los bloqueos, lo que permitió la liberación parcial de tramos en las autopistas México-Toluca y México-Querétaro.
Sin embargo, otros puntos permanecieron cerrados hasta cerca de las 16:00 horas, cuando los piperos comenzaron a replegarse gradualmente.

A pesar del retiro, el colapso vial y las afectaciones al transporte público continuaron durante gran parte de la tarde, dejando un importante impacto en la movilidad del Valle de México.

Las protestas de los piperos en el Estado de México revelan la tensión entre las autoridades y los distribuidores de agua tras el operativo Caudal. Mientras el gobierno sostiene que la acción busca erradicar el saqueo del recurso hídrico, los transportistas aseguran que se está criminalizando su trabajo.
La instalación de una mesa de diálogo será crucial para determinar si es posible garantizar la legalidad en el uso del agua sin afectar a quienes dependen legítimamente de su distribución.