La tensión entre el Gobierno de Nuevo León y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzó un nuevo punto crítico. La clausura del zoológico La Pastora, en Guadalupe, fue calificada por el Estado como un acto “politizado, irregular y sin fundamento”, tras difundirse un video que mostraba el delicado estado de salud de la osa Mina.
Un conflicto que trasciende la protección animal
El presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano del Parque Fundidora, Fernando Bichara, explicó en un mensaje difundido por redes sociales que el operativo federal se realizó de manera precipitada.
Según Bichara, Profepa anunció la clausura antes de concluir las actas de inspección, lo que, a su juicio, demuestra un interés político más que ambiental.
“Fue un acto politizado, irregular y sin fundamento. A las dos de la tarde ya comunicaban cierres cuando el acta se firmó a las cuatro”, acusó.
El funcionario aseguró que el Estado interpondrá recursos legales para revertir la clausura y proteger la reputación del zoológico, uno de los espacios más emblemáticos del área metropolitana de Monterrey.
La Pastora: más de 500 animales bajo resguardo
El zoológico resguarda a 91 animales propiedad del Estado y más de 500 ejemplares del patrimonio de La Pastora, lo que lo convierte en un punto clave para la conservación regional.
Ante la clausura, el Consejo decidió suspender temporalmente la recepción de nuevos animales, mientras se evalúa la situación jurídica y sanitaria del recinto.
Bichara insistió en que el caso de la osa Mina fue un hecho aislado, y que el Gobierno de Nuevo León había mantenido comunicación constante con Profepa para garantizar su bienestar.
El caso que desató la polémica
Todo comenzó el 24 de septiembre, cuando se viralizó un video mostrando a la osa Mina en un aparente estado de abandono: delgada, con lesiones en la piel y signos de desnutrición.
La indignación pública llevó a Profepa a realizar una inspección del 25 al 27 de septiembre, que derivó en la clausura total del zoológico el 3 de octubre.
Tras la medida, Mina fue trasladada a la Fundación Invictus, en Hidalgo, donde recibe tratamiento especializado. Profepa informó que la osa presentaba úlceras dérmicas, leptospirosis y deficiencias nutricionales, además de carecer de registros médicos actualizados.
Profepa defiende su actuación
En su comunicado, Profepa señaló que su intervención responde al marco legal de protección a la fauna silvestre, y que la clausura busca evitar mayores riesgos para los animales y el personal del zoológico.
Sin embargo, el Gobierno estatal insiste en que la dependencia actuó sin seguir los protocolos de coordinación interinstitucional y en un contexto de tensiones políticas federales.
Un caso que reabre el debate ambiental
La controversia no solo gira en torno a la salud de la osa Mina, sino al papel del Estado en la conservación de la fauna silvestre. Mientras algunos defensores de animales celebran la decisión de Profepa, otros señalan la necesidad de fortalecer la colaboración entre autoridades federales y estatales para evitar conflictos y proteger efectivamente a los animales.
El desenlace del caso La Pastora marcará un precedente sobre cómo México enfrenta los dilemas entre política, medio ambiente y bienestar animal.
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