Investigán desvío de 5.7 mdp en Servilimpia y crece presión en Mérida
Mérida aún no terminaba de despertar cuando Gerardo Bolio de Ocampo, director de Servilimpia, cruzó las puertas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En sus manos llevaba una carpeta gruesa: documentos, reportes internos y auditorías que, según afirmaba, mostraban algo que desde hacía meses inquietaba a los pasillos del Ayuntamiento de Mérida. Presuntos pagos no comprobados por un total de 5.7 millones de pesos, realizados durante el último año de la administración municipal anterior.
Mérida, una ciudad donde la limpieza y el orden suelen presumirse como marca identitaria, esta denuncia cayó como un balde de agua fría. Servilimpia, la empresa paramunicipal encargada de la recolección de basura, volvía a estar bajo el escrutinio público, y esta vez el señalamiento alcanzaba directamente a la administración encabezada por Renán Barrera Concha, quien no solo había gobernado Mérida en tres periodos, sino que recientemente había buscado, sin éxito, la gubernatura de Yucatán.
Señalamientos que reavivan viejas sospechas
El expediente presentado por Bolio de Ocampo en Mérida señala que los movimientos irregulares ocurrieron durante el último tramo del mandato de Barrera Concha, bajo la dirección de Mario Alberto Cerón Gamboa y con José Roberto Tzuc Cel como jefe administrativo. Los registros, según la documentación, no cuadraban; había pagos que nunca se justificaron y transferencias sin respaldo documental.
La nueva administración municipal, encabezada por Cecilia Patrón Laviada, confrontó la situación de inmediato. Al ser informada, ordenó que la denuncia se presentara formalmente, dejando claro que el Ayuntamiento daría seguimiento al caso hasta sus últimas consecuencias. Su postura buscaba marcar distancia política y administrativa: transparentar, investigar y permitir que la Fiscalía hiciera lo que correspondiera.
Una historia que no empieza aquí
Para quienes conocen la trayectoria de Servilimpia, este nuevo señalamiento no resultó del todo sorprendente. Desde 2022, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán ya había detectado 24 irregularidades en la Cuenta Pública 2020, relacionadas con pagos, facturas y documentación ausente. De esa larga lista, solo una irregularidad se solventó completamente; nueve quedaron sin aclararse y el resto apenas se justificó parcialmente.
En total, aquellos hallazgos representaron más de 15 millones de pesos. Las sanciones administrativas de esa época no fueron suficientes para disipar las dudas. Y hoy, con los nuevos 5.7 millones bajo investigación, la sombra de la desconfianza vuelve a proyectarse sobre la paramunicipal.
El contexto político que complica todo
El caso estalló apenas unos meses después de que Renán Barrera concluyera su tercer periodo como alcalde. Para algunos sectores de la oposición municipal, la denuncia podría ser una oportunidad de señalar lo que consideran un patrón preocupante de opacidad. Para otros, un movimiento político inevitable derivado de un cambio de administración.
Sin embargo, las autoridades actuales recalcan que no se trata de revanchismo político, sino de cumplir con los procesos de transparencia y control interno que exige la ley. Bolio de Ocampo lo resume en una frase: “Es dinero público. Y el dinero público debe explicarse hasta el último peso”.
Qué sigue en la investigación
La Fiscalía Anticorrupción ahora deberá analizar el expediente, verificar los documentos, citar a los funcionarios implicados y determinar responsabilidades. La denuncia fue presentada contra quien resulte responsable, lo que abre un abanico de posibilidades: desde sanciones administrativas hasta posibles consecuencias penales si se confirma un manejo indebido de recursos.
Para la ciudadanía, la expectativa es clara: respuestas y transparencia. En una Mérida que presume estabilidad administrativa y orden, un caso como este no puede quedar en el aire ni diluirse entre procesos burocráticos.
¿Qué está en juego?
Más allá del monto señalado, lo que está en disputa es la confianza. Confianza en las instituciones que administran los servicios básicos, confianza en las autoridades que manejan recursos y confianza en un sistema de control que promete evitar que el dinero público termine extraviado en papeles, omisiones o excusas.
En una ciudad considerada entre las más seguras y organizadas del país, el escrutinio ciudadano será cada vez más fuerte. Y quizá, por primera vez en años, Servilimpia se ve obligada no solo a limpiar la basura de las calles, sino también la que aparece en sus propios registros administrativos.
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