En teoría, la llegada de una megaempresa como Mainland Headwear a Sonora representa una gran oportunidad económica: generación de 7,000 empleos, crecimiento económico local y el potencial de colocar a la región en el mapa internacional de inversiones.
Sin embargo, detrás de esta narrativa de éxito se esconden tramas complejas que involucran vínculos familiares, terrenos ejidales y la creación de un Recinto Fiscal Estratégico que beneficia directamente a actores cercanos al gobernador Alfonso Durazo.
El proyecto chino: entre incentivos y terrenos estratégicos
La instalación de Mainland Headwear en Agua Prieta, Sonora, parecía una historia de éxito: un terreno de 150 hectáreas, cerca de la frontera con Estados Unidos, con beneficios fiscales clave gracias a su designación como Recinto Fiscal Estratégico.
Sin embargo, el terreno otorgado fue originalmente propiedad de ejidatarios locales que, a través de un fideicomiso, cedieron sus tierras. El fideicomiso, gestionado por Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador, ha encendido alarmas sobre posibles conflictos de interés en el proyecto.
¿Qué es un Recinto Fiscal Estratégico?
Se trata de una zona libre de impuestos donde las empresas pueden almacenar, fabricar y distribuir mercancías sin pagar gravámenes hasta que los productos ingresen formalmente al país de destino. Actualmente, Sonora cuenta con solo tres de estos recintos, lo que resalta la exclusividad del beneficio otorgado a Mainland Headwear.
Vínculos familiares y posibles irregularidades
El caso se complica aún más con los nexos familiares y empresariales detrás del proyecto:
- El fideicomiso manejado por el hijo del gobernador: Alfonso Durazo Chávez administra las tierras cedidas, un hecho que no fue divulgado inicialmente por el gobierno estatal.
- El secretario de Bienestar como administrador único: Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora, también es socio del hijo del gobernador en otras empresas y aparece como administrador en las filiales mexicanas de Mainland Headwear.
- El sobrino del gobernador en la trama: Carlos Sergio Durazo, señalado por su pasado relacionado con el tráfico de drogas, figura como fideicomisario sustituto del proyecto. Su esposa, María Guadalupe Amavizca, ocupa un puesto clave como agente fiscal en Agua Prieta, supervisando el Recinto Fiscal Estratégico.
Respuestas oficiales: silencio y omisiones
Tras la revelación del caso en medios nacionales, el secretario de Bienestar emitió una carta en la que intentó justificar las decisiones, pero evitó desmentir los vínculos señalados. Argumentó que las tierras no pertenecen al gobierno, sino que fueron cedidas en comodato por los ejidatarios, sin aclarar el papel del fideicomiso manejado por el hijo del gobernador.
Además, las autoridades estatales no transparentaron la participación de otros actores clave, como Julio Rodolfo Amavizca y José Eduardo González, socios de un despacho jurídico vinculado a la familia Durazo.
Implicaciones para Sonora y la inversión extranjera
¿Desarrollo económico o beneficio privado?
Si bien la llegada de Mainland Headwear promete empleo y derrama económica, las acusaciones de conflicto de interés empañan el proyecto. Las decisiones sobre terrenos, incentivos fiscales y vínculos familiares pueden afectar la percepción de transparencia en Sonora y ahuyentar futuras inversiones.
La importancia de la transparencia
El caso pone de relieve la necesidad de políticas claras que separen intereses personales de decisiones públicas. Sin un marco sólido de rendición de cuentas, proyectos como este corren el riesgo de convertirse en ejemplos de favoritismo en lugar de desarrollo.
Una inversión bajo la lupa
El caso de Mainland Headwear en Sonora ejemplifica los retos que enfrenta México al intentar equilibrar desarrollo económico con transparencia gubernamental. La participación de actores clave vinculados al gobernador Durazo y los beneficios exclusivos otorgados a la empresa china generan dudas legítimas sobre los intereses detrás del proyecto.
En un contexto donde la rendición de cuentas es crucial, este caso no solo afecta a Sonora, sino también a la confianza en las instituciones públicas del país.
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