Con la nueva Ley de la Guardia Nacional, el Estado mexicano adquiere un arsenal de herramientas de vigilancia digital sin precedentes. Más allá del patrullaje en las calles, la reforma otorga a la corporación militarizada la capacidad de monitorear la vida digital de los ciudadanos, planteando serias preguntas sobre los límites de la privacidad en nombre de la seguridad.
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de la Guardia Nacional 2025 ha centrado el debate público en su transferencia a la SEDENA. Sin embargo, un análisis más profundo revela que su impacto más directo y potencialmente controversial en la vida cotidiana de los mexicanos reside en las nuevas facultades de inteligencia y vigilancia que le han sido conferidas. Estas herramientas, defendidas por el gobierno como esenciales para combatir al crimen, son vistas por sus críticos como la legalización del espionaje masivo.
El arsenal de vigilancia: Un desglose punto por punto
La nueva legislación faculta a la Guardia Nacional para llevar a cabo una serie de actividades de inteligencia que hasta ahora estaban restringidas o se movían en una zona gris legal. A continuación, se desglosan estas nuevas capacidades :
- Geolocalización en Tiempo Real: La GN podrá solicitar a las empresas de telecomunicaciones la ubicación geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación móvil. Esto permite un rastreo preciso y constante de los movimientos de una persona.
- Vigilancia de Internet y Redes Sociales: La ley autoriza el monitoreo de la actividad en el ciberespacio, incluyendo plataformas de redes sociales, foros y sitios web, con el objetivo de «prevenir la comisión de delitos».
- Uso de Perfiles Simulados: Los agentes de la GN podrán crear y utilizar perfiles falsos en redes sociales y otras plataformas digitales para realizar investigaciones e infiltrarse en comunidades en línea.
- Operaciones Encubiertas: Se legaliza la capacidad de la GN para realizar operaciones donde sus agentes actúan de forma anónima o bajo identidades falsas para recabar información.
- Intervención de Comunicaciones Privadas: Aunque la ley especifica que esta medida requiere una autorización judicial previa, se formaliza como una herramienta disponible para la corporación, lo que preocupa a activistas por el potencial de abuso.
La conexión peligrosa: La CURP biométrica como llave maestra
Estas facultades de vigilancia adquieren una dimensión completamente nueva cuando se analizan en conjunto con la otra gran reforma aprobada esta semana: la creación de una CURP biométrica obligatoria. La combinación de ambas leyes podría crear un ecosistema de control estatal sin precedentes.
La nueva CURP, al centralizar la identidad de cada mexicano con datos infalsificables como huellas dactilares y fotografía, se convierte en la «llave maestra» que potencia la eficacia de la vigilancia digital. Permite al Estado vincular de manera inequívoca la identidad real y legal de una persona con su huella digital: su actividad en redes, sus comunicaciones y sus movimientos físicos registrados por la geolocalización. Este cruce de datos masivo es lo que la oposición y las ONGs han denominado la creación de un «gobierno espía».
«Un cheque en blanco para el espionaje»
Organizaciones de derechos humanos como ARTICLE 19 y Seguridad sin Guerra han sido enfáticas en su rechazo, denunciando que se está legalizando la vigilancia militar sin los controles judiciales y civiles adecuados.
«La reforma representa una «ley espía» que otorga un cheque en blanco a las fuerzas armadas para vigilar a la ciudadanía sin salvaguardas claras para la protección de datos personales», advirtió el diputado Guillermo Anaya del PAN.
La principal crítica es que, si bien se argumenta que el objetivo es la inteligencia para la paz y el combate al crimen , no se establecen mecanismos robustos de supervisión que impidan que estas poderosas herramientas se utilicen para la persecución de opositores políticos, activistas o periodistas.
La consolidación de estas facultades en una corporación de naturaleza militar marca un punto de inflexión para México. La pregunta que queda en el aire es si el país está dispuesto a aceptar este nuevo nivel de vigilancia estatal como el costo necesario para alcanzar la paz.
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