En un país donde el acceso a una vivienda digna debería ser un derecho garantizado, la corrupción en el Infonavit expone cómo este organismo, creado para proteger a los trabajadores, fue sistemáticamente utilizado para beneficiar a unos pocos. Este caso no es solo un reflejo de la descomposición institucional, sino también una muestra de cómo la privatización de lo público genera desigualdades cada vez más profundas.
El despojo masivo: los trabajadores, las principales víctimas
Entre 2013 y 2015, más de 60 mil trabajadores fueron despojados de sus viviendas mediante juicios fraudulentos orquestados por despachos legales, notarios y autoridades coludidas. Estas propiedades, ubicadas en al menos 21 estados, no solo fueron arrebatadas ilegalmente, sino que en muchos casos fueron vendidas varias veces, inflando las cifras y maximizando ganancias ilícitas para empresarios inmobiliarios.
«Fue un robo sistemático,» señala el actual director del Infonavit, quien expuso la red detrás de estos abusos. Miles de familias no solo perdieron su patrimonio, sino también la esperanza de acceder a una vivienda digna, un derecho que el propio Infonavit debería garantizar.
El modus operandi: una red bien articulada
El esquema de corrupción involucraba triangulación de recursos, créditos otorgados a desarrolladores que jamás construyeron viviendas y procesos judiciales amañados. Funcionarios del Infonavit, en complicidad con empresarios inmobiliarios, orquestaron esta red de saqueo.
Un caso emblemático fue el de desarrolladores que, con el apoyo de autoridades locales, recibieron fondos millonarios sin construir una sola casa. Mientras tanto, los trabajadores que seguían aportando al fondo eran ignorados, dejando en claro las prioridades de este esquema: el beneficio de unos pocos.
Impunidad legal: la protección de los poderosos
A pesar de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades en la Cuenta Pública de 2018, el Infonavit interpuso un amparo para evitar una fiscalización. Argumentaron que la ASF carecía de competencia para revisar estos fondos, que son aportaciones de los propios trabajadores.
Este acto no solo perpetuó la opacidad, sino que envió un mensaje claro: las leyes pueden ser manipuladas para proteger intereses privados. Este blindaje jurídico es una muestra de cómo las instituciones pueden ser capturadas por élites económicas y políticas.
El impacto social: desigualdad y pérdida de confianza
En un contexto donde las desigualdades estructurales ya son profundas, la corrupción en el Infonavit es un golpe devastador para los trabajadores. Miles de ellos, que con sacrificio aportaron al fondo, se quedaron sin nada mientras que empresarios con conexiones políticas se enriquecieron.
Esta situación mina la confianza en las instituciones públicas y perpetúa un modelo donde lo privado prevalece sobre lo social. Es una radiografía de cómo las élites económicas consolidan su poder a expensas de los más vulnerables.
¿Qué sigue? Justicia y reparación pendientes
Aunque la actual administración del Infonavit asegura estar tomando medidas para corregir estas prácticas, el daño ya está hecho. Miles de familias siguen esperando justicia y reparación del daño.
El caso del Infonavit no es solo un escándalo de corrupción, es un llamado urgente a revisar cómo las instituciones públicas pueden ser fortalecidas para evitar que intereses privados las capturen nuevamente.
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