El 2 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer una serie de decretos que representan un momento histórico en la política social de México. Estos cambios, promovidos por la administración de Claudia Sheinbaum, garantizan derechos constitucionales a diversos grupos de la población, asegurando que programas de bienestar social, protección animal y acceso a la vivienda sean considerados derechos fundamentales e inalienables. Uno de los decretos más relevantes es el que establece las pensiones del Bienestar como un derecho constitucional, marcando un paso significativo en la consolidación de la política social del país.
Un nuevo rumbo para los programas sociales
En la conferencia mañanera del lunes 2 de diciembre, Claudia Sheinbaum informó que, a partir de la publicación de los decretos correspondientes, los programas sociales del Bienestar dejarán de ser una medida temporal para convertirse en derechos permanentes. Estos ajustes son de gran relevancia, ya que proporcionan una base legal sólida que asegurará que los ciudadanos continúen recibiendo estos apoyos, sin importar el cambio de administración o variaciones en las políticas públicas.
“La consolidación de los programas sociales como derechos es un paso fundamental. A partir del 3 de diciembre, todos los mexicanos podrán acceder a estos beneficios con la certeza de que estarán incorporados de manera definitiva en nuestra Constitució”, afirmó la presidenta.
La pensión como derecho constitucional
Uno de los decretos más relevantes establece que las pensiones del Bienestar son ahora un derecho irrevocable. A partir de ahora, todas las personas mayores de 65 años y aquellas con alguna discapacidad recibirán una pensión no contributiva, asegurando que su bienestar esté garantizado por el Estado.
Esta reforma se incorpora a los artículos 4° y 27 de la Constitución, lo que significa que el acceso a esta pensión se considera ahora un derecho fundamental para todos los mexicanos. Además, el decreto estipula que las pensiones se entregarán puntualmente, sin verse afectadas por cambios políticos o sociales. Para el gobierno, esta medida es esencial para asegurar la inclusión y la dignidad de los sectores más vulnerables de la población.
Vivienda para los trabajadores
La reforma también introduce un cambio relevante en cuanto al acceso a la vivienda para los trabajadores. Al modificar la fracción XII del artículo 123 de la Constitución, se reconoce el derecho de todos los trabajadores a contar con una vivienda digna. Asimismo, el decreto establece que los pagos por estas viviendas serán accesibles, de manera que las mensualidades no superen el 30% de los ingresos de los beneficiarios, lo que permitirá obtener una vivienda sin recurrir a intereses elevados. El inicio de este programa está proyectado para 2025, lo que ofrecerá a millones de trabajadores la oportunidad de tener un hogar propio.
Protección animal, un paso hacia el respeto a la vida
Otro decreto importante en la publicación fue la reforma para la protección de los animales, cuyo objetivo es garantizar que todos los seres animales reciban un trato digno. Esta reforma prohíbe el maltrato animal y fomenta la conservación de la fauna. Se aplicará en los artículos 3°, 4° y 73 de la Constitución, consolidando así la protección de los animales como una prioridad para el Estado Mexicano.
La reforma y sus implicaciones para el bienestar social
Estos cambios no solo son importantes desde una perspectiva legal, sino que también afectan profundamente la vida cotidiana de las personas. El acceso a programas sociales como la pensión no contributiva, la vivienda asequible y la defensa de los derechos de los animales constituye un paso significativo hacia la promoción de la equidad y la justicia social en México. Estos decretos garantizan que los beneficios no sean simplemente un gesto de buena voluntad por parte del gobierno, sino un compromiso real con el bienestar y la dignidad de todos los habitantes del país.
Impacto social y económico
La garantía de estos derechos tendrá un efecto favorable en la estabilidad social y económica del país. Para las personas mayores y aquellas con discapacidad, la seguridad de recibir un apoyo financiero constante disminuirá los niveles de pobreza y elevará su calidad de vida. A su vez, los trabajadores tendrán acceso a viviendas más accesibles, lo que ayudará a reducir la brecha de desigualdad social y promoverá una economía más equitativa e inclusiva.
¿Qué sigue después de esta reforma?
Con estas modificaciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum avanza de manera decidida hacia la construcción de un sistema más justo y equitativo. No obstante, la materialización de estos derechos en la vida diaria de los mexicanos dependerá de una correcta aplicación de las reformas y una gestión eficiente de los recursos. La expectativa es que estos programas beneficien a quienes más lo requieren y, con el tiempo, se expandan para incluir a otros sectores vulnerables de la sociedad.
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